El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), ha apostado por acatar la decisión judicial de la juez Mercedes Alaya como "respeto al estado de derecho", en referencia al archivo de la causa abierta contra seis empresarios que fueron imputados tras pujar por los suelos de Mercasevilla, entre ellos dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, al entender que han prescrito los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude y exacciones ilegales que se les imputaban y que no se les puede aplicar el delito de prevaricación.
Tras inaugurar el centro deportivo Viding La Rosaleda, Zoido ha asegurado que "no valora las decisiones judiciales" porque "no tiene ningún sentido". "La independencia judicial está en acatar las decisiones judiciales y es el mejor respeto que podemos tener al estado de derecho y de libertades que nos dimos en 1978", concluye.
Este archivo hacer referencia al procedimiento impulsado para enajenar los suelos del mercado central de abastos de Mercasevilla, que fue fallado en favor de la propuesta elevada por el grupo promotor 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', filial de la constructora Sando, pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga.
En un auto dictado el pasado 8 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla declara extinguida, por tanto, la responsabilidad penal contra estos empresarios, a los que tomó declaración el pasado mes de junio.
Entre los empresarios se encuentran Eduardo Báñez García, como consejero delegado y firmante de la oferta presentada por Construcciones Juan de Robles, y Juan Nicolás Báñez García, consejero delegado solidario de esta empresa, ambos hermanos de la ministra de Empleo, así como Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness.
Asimismo, también archiva la causa respecto a Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios; Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar --empresa que quedó disuelta y extinguida por haber sido absorbida por Noriega el 26 de junio de 2007--, y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.
