La ministra de Salud de Nicaragua, Sonia Castro, confirmó hoy que 15 personas murieron y 199 resultaron heridas entre el miércoles y la madrugada de hoy, dentro de las protestas registradas en diferentes puntos del país contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
En diferentes centros de salud públicos y privados "se dio atención a 199 personas que resultaron lesionadas y también tenemos los 15 fallecidos", dijo Castro en una conferencia de prensa, junto a otros altos funcionarios públicos.
Esta es la segunda vez desde que estalló la crisis en Nicaragua, el 18 de abril, que el Gobierno de Ortega confirma una cifra de fallecidos por las protestas, en las que, según organismos humanitarios, los muertos rondan ya el centenar.
La primera vez lo hizo la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, cuando en una comparecencia el 20 de abril habló de diez fallecidos.
Según un informe leído hoy en la rueda de prensa por el subdirector de la Policía Nacional, Francisco Díaz, de las quince muertes registradas en las últimas horas, siete se produjeron en Managua, tres en Chinandega, cuatro en Estelí y una en Masaya.
Este jueves el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) difundió un informe preliminar en el que cifró en al menos 11 los muertos y 79 los heridos durante los incidentes del miércoles y hoy, y condenó enérgicamente los actos de violencia y represión "mandados a ejecutar" por el Gobierno.
El canciller nicaragüense, Denis Moncada, dio a conocer en la rueda de prensa un comunicado en el que el Gobierno "condena enfáticamente todos los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de abril en Nicaragua y más recientemente los acaecidos ayer".
"Esta situación de violencia delincuencial que han generado grupos políticos de oposición con agendas políticas específicas, activando formatos delictivos para aterrorizar a las familias, constituye una conspiración que viola la Constitución de la República y pretende seguir destruyendo la seguridad y la vida de las familias nicaragüenses", agregó.
Ratificó, en nombre del Ejecutivo, su lucha para hacer frente "con la razón y las leyes esta ola criminal" y negó la existencia de "fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al Gobierno".
"No podemos aceptar que se pretenda acusar de acontecimientos dolorosos y trágicos que no hemos provocado, que jamás provocaremos", dijo.
Resaltó que "el Gobierno rechaza y condena todas las campañas difamatorias, todas las calumnias, y denuncia esta conspiración delincuencial que desde la intimidación, el miedo, las amenazas y el terror, ha pretendido entregar el país a la delincuencia y al crimen organizado".
El canciller denunció todos los crímenes que se han cometido desde el 18 de abril y rechazó cualquier responsabilidad en esa violencia, sin precisar la cifra global de esas muertes.
"Cumpliremos nuestro deber de evitar más derramamiento de sangre, más enfrentamiento fratricida, más montajes calumniosos", añadió.
Moncada reiteró el compromiso gubernamental con la investigación de todos los crímenes y hechos violentos y que "el único camino a la paz es el diálogo, el establecimiento de la verdad y la búsqueda de las soluciones que nuestro pueblo demanda".
El canciller nicaragüense solicitó "a las autoridades que coordinan el esfuerzo del diálogo nacional, llamar a la calma y al cese de toda violencia, a fin de continuar trabajando por la seguridad, la justicia y la paz".
El 16 de mayo se abrió una mesa de diálogo nacional, cuyas sesiones están suspendidas desde la semana pasada, con la participación de una alianza de la sociedad civil que aglutina a estudiantes, empresarios, sectores agrario y académico, entre otros, y el Gobierno, que con la mediación de la Iglesia pretenden conseguir una salida a la crisis.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) advirtió este jueves de que el diálogo no se reanudará mientras haya represión.
