El informe que la Unidad de Delitos Económicos que la Policía Nacional envió al juzgado de Instrucción 13 de Sevilla, que investiga el presunto desvío de varios millones de euros de Minas de Riotinto (MRT), constata cómo una compañía particular de Carlos Estévez percibió sin justificación más de medio millón de euros.
El informe es uno de los que se incluyen en una querella que investiga el juzgado de Instrucción 13 de Sevilla contra Carlos Estévez y varias personas más, por los delitos de estafa, alzamiento de bienes, falsedad documental y otros de carácter societario. La Policía vincula a Estévez con el desvío de 2,79 millones de euros de MRT utilizando una red de empresas fantasma, facturas falsas y documentación inventada.
El juzgado posee un informe de la Policía Nacional y otro elaborado por Deloitte Forensic de los que se extrae que los implicados, bajo la dirección de Carlos Estévez y usando las empresas Mantesur Andévalo (MSA) y Inmoinversión Eurogroup SL (IEG), idearon un sistema para simular la existencia de deudas con terceros proveedores de MSA, pero parte de ese dinero se destinó a su propio patrimonio, mediante el ficticio pago de facturas que eran falsas y no se correspondían con operaciones reales.
Con ello vaciaban el dinero que entraba en MSA e IEG, dejando a estas empresas sin patrimonio alguno, y sin efectuar ni las inversiones acordadas ni capacidad de devolver los préstamos recibidos.
En el informe se puede constatar cómo, de la entrada de 8,5 millones de euros a IEG, de los que 5,44 fueron transferidos a MSA, no existe justificación alguna de la salida de 2.262.864,49 euros de las cuentas de IEG.
Medio millón a Estévez
Además, en poco más de un año, otros 573.206,74 euros salieron de IEG hacia Promociones Barty Cross SL, compañía mercantil particular de Carlos Estévez sin ningún tipo de justificación, al igual que otra salida de 15.157,50 euros a las cuentas de Luis Arias, según el informe.
Con respecto a MSA, el informe de Deloitte indica que de los 4.489.978,60 euros que entraron en sus cuentas en poco más de un año, 320.127,56 euros se facturó por empresas que o no existían o existiendo éstas declararon que jamás contrataron con Mantesur, siendo las facturas falsas. Igualmente, se pagó 86.655,19 euros en pagarés (a empresas de los querellados como Riotinto Gestión SL, propiedad de Arias) que nunca fueron contabilizados, no habiéndose prestado servicios alguno por dichos pagos. A esta empresa también desviaron 40.000 euros por servicios no prestados y contabilizados aunque sin que existan facturas, y que adicionalmente facturó 566.548,20 sin que existieran ni contratos ni justificación para las mismas.
Los informes constatan cómo fueron invertidos en IEG y MSA unos 12 millones de euros, pero una gran parte (en torno a los 2.262.864,49 euros en IEG y 2.025.172,36 euros en MSA) se desvió mediante el pago de facturas falsas y gastos ficticios.
Según la investigación, el dinero entraba en IEG, de la que era administradora única Elvira Núñez del Prado, cuñada de Estévez, y posteriormente se transfería a MSA. Allí Luis Arias, y en menor medida Luis Alonso, como apoderados de MSA, efectuaban pagos a empresas que o no existían o existiendo no habían prestado jamás servicios a MSA. Para poder realizar esas operaciones necesitaban un testaferro que fuera el titular de las participaciones de IEG, para lo que usaron a José Luis Núñez del Prado, según las informaciones aportadas al juzgado.
Los querellados, una vez detectado el fraude, consiguieron de nuevo tener la administración de la empresa MSA fruto de una medida cautelar de un juzgado sevillano, y en ese período transmitieron todos los activos de la compañía a Emed Tartessus SL, de la que de nuevo recibieron fondos por casi un millón de euros, de los cuales dos terceras partes fueron desviados de nuevo para el pago de facturas falsas, hechos por los que se instruyen otras diligencias previas.
También se recoge en las diligencias cómo Luis Arias, durante el transcurso de la instrucción del caso, se llevó toda la documentación contable de la compañía para obstaculizar la obtención de pruebas de los delitos denunciados.
Según la querella, existe “constancia de que era Carlos Estévez quien ostentaba una posición de control sobre los demás y de dirección global de los querellados amén de obtener en poco más de un año 573.206,74 euros a través de Promociones Barty Cross SL, actuando Luis Arias y Luis Alonso como ejecutores materiales de las decisiones que tomaba el primero, teniendo Arias más protagonismo.
Por su parte, los hermanos Núñez del Prado, actuaban desde Madrid como meros testaferros de Estévez. La primera, como administradora de la sociedad IEG y consejera de MSA, y el segundo, como titular de participaciones de IEG, persona que además es quien interpone demandas y recursos (que alcanzaron hasta el Supremo) que le permitieron seguir ostentando la administración cautelar de las dos compañías.
