La Policía Nacional ha detenido en Málaga a 45 personas por defraudar más de 360.000 euros a la Seguridad Social. La trama, al parecer, utilizaba como tapadera una empresa ficticia que llegó a cobrar 120.000 euros en concepto de subsidios y subvenciones.
Supuestamente, los arrestados falsificaron contratos laborales para regularizar las situaciones administrativas de ciudadanos extranjeros y obtener de forma fraudulenta subsidios por desempleo o pensiones de jubilación. Entre los detenidos, hay un asesor de una consultoría de Málaga capital.
La investigación se inició el pasado mes de junio en torno a una empresa cuya actividad laboral había levantado sospechas sobre su posible implicación en una estafa a la Seguridad Social. Los agentes descubrieron las defraudaciones realizadas por los responsables de esta sociedad ficticia, en la que se habían tramitado contratos falsos para dar de alta en la Tesorería General de la Administración del Estado.
Los agentes comprobaron que la supuesta empresaria que firmaba los contratos se encontraba cumpliendo condena por tráfico de drogas desde hacia un año y medio en Argentina, según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado.
Las pesquisas efectuadas permitieron descubrir que a través de una asesoría malagueña se confeccionaban y tramitaban contratos laborales relacionados con una empresa cuya actividad laboral y domicilio social eran inexistentes.
Estos falsos contratos servían para dar de alta en el régimen de la Seguridad Social a trabajadores, tanto extranjeros como españoles relacionados con foráneos, con el objetivo de sumar días de cotización para obtener futuras ayudas por desempleo, así como pensiones de jubilación. Además, los ciudadanos extranjeros pretendían con dichos contratos falsificados conseguir autorizaciones de residencia y trabajo.
A través de los contratos ficticios presentados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y posteriores altas en la Seguridad Social, se han producido un total de 12.634 días de "cotización ficticia" entre todos los supuestos trabajadores, que consiguieron el cobro aproximado de unos 120.000 euros en concepto de subsidios de desempleo y subvenciones. La empresa investigada habría contraído una deuda de más de 246.000 euros con la Tesorería de la Seguridad Social.
Durante las investigaciones se realizaron dos registros, uno en la asesoría y otro en el domicilio del principal investigado. En ellos, se intervinieron las documentaciones originales presentadas en el órgano competente, los sellos de estampación utilizados y dinero en efectivo.
La investigación ha sido realizada por el Grupo II de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Málaga. Además, se ha contado con la colaboración del SEPE y de la Tesorería de la Seguridad Social.
