El letrado Fernando del Valle ha ingresado en prisión para cumplir la sentencia que lo condenó a cinco años y medio de cárcel por el caso 'Ballena Blanca', contra el blanqueo de capitales, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso, que han indicado que la entrada en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre se produjo este pasado sábado y por el momento está en el módulo de ingresos.
La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga acordó en noviembre pasado declarar la firmeza de la sentencia, con las modificaciones incluidas por el Tribunal Supremo que resolvió los recursos de casación y condenó finalmente a Del Valle por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública a cinco años y medio de prisión y multa de 1,2 millones de euros.
Asimismo, inició la ejecución de la sentencia, instando a los cinco condenados en esta causa, entre ellos Del Valle, a que pagaran las responsabilidades económicas correspondientes. Posteriormente, rechazó la petición del abogado de suspender la pena mientras se tramita el indulto que ha solicitado y en diciembre le requirió mediante exhorto que ingresara en prisión.
La defensa pidió un aplazamiento, alegando que tenía que realizar unas gestiones en relación con un procedimiento pendiente de juicio. A esto se opuso la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal consideró que no había lugar a retrasar el ingreso en prisión de Del Valle, puesto que las razones esgrimidas no lo justificaban. Pero esta decisión se recurrió, aunque la Sala rechazó también ese recurso.
Respecto a la responsabilidad civil que debe pagar Del Valle, se ordenó en el momento de iniciar la ejecución de la sentencia que parte del dinero intervenido, en concreto 101.800 euros, así como las cantidades bloqueadas en la cuenta de una de las sociedades vinculadas a él, se aplicaran para pagar la indemnización a la Agencia Tributaria a la que fue condenado por un delito contra la Hacienda Pública y que asciende a 342.785 euros.
La Audiencia consideró que Del Valle usaba un sistema para facilitar inversiones a través de sociedades creadas en España y participadas por otras del estado norteamericano de Delaware, que permitía a los clientes "asegurarse su anonimato", pero señaló que no constaba que, aparte de dos operaciones por las que se le condenó, pusiese este sistema "al servicio de individuos relacionados con el crimen organizado para ocultar ganancias de actividades ilícitas".
La investigación reveló que el letrado tenía participación en 194 sociedades extranjeras. De éstas, 143 eran en Delaware y 39 de territorios considerados paraísos fiscales --de ellas 25 de Gibraltar, tres en la Isla de Man, tres en Panamá y dos en Islas Vírgenes Británicas--. El Tribunal sólo vio delito en dos de las conexiones que fueron investigadas en esta causa, como son las relacionadas con otros tres acusados.
