Torremolinos sigue pagando la gestión del exalcalde de la ciudad, Pedro Fernández Montes, quien gobernó en dicha localidad desde 1995 hasta el año 2015. El Ayuntamiento afronta el pago de 763.257 euros tan solo en el pago de una quincena de sentencias que condenan al Consistorio por acoso a diversos trabajadores municipales bajo el mandato del ex alcalde, unos costes que deberán asumir las arcas municipales.
En algunas de las sentencias recibidas en el Ayuntamiento, el juez señala además que se deberá abonar los salarios de los que fueron privados los empleados públicos en los casos de suspensión de empleo y sueldo, por lo que el montante superaría el millón de euros.
Tal y como se dio a conocer la pasada semana, la última empleada que ha visto reconocida en una sentencia la situación vivida con el ex regidor es la secretaria general, encargada de vigilar los procedimientos legales.
El juez asegura que en 2009 vivió “un proceso inquisitorial que terminó en maltrato y vejación profesional duradero y continuado a una habilitada nacional por parte del ex primer edil, y sus concejales de gobierno”, entre ellos la instructora de dicho caso y actual portavoz del PP, Margarita del Cid, así lo recoge la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número seis de Málaga. “No solo nos encontramos ante casos flagrantes de acoso y derribo a trabajadores, a los que Fernández Montes no dejaba hacer su trabajo si con ello no podía seguir adelante con sus tropelías, sino que encima ahora nos vemos obligados a pagar sentencias por cantidades desorbitadas del dinero público de todos los ciudadanos y ciudadanas de Torremolinos”, ha asegurado la primera teniente de alcalde, Maribel Tocón.
Asimismo, Tocón lamenta que la condena recaiga sobre el propio Ayuntamiento “cuando fueron Fernández Montes y Margarita del Cid los que expulsaron a la secretaria general por hacer su trabajo, algo que evidenciaba que el Partido Popular no estaba por la labor de permitir que un funcionario fiscalizase y controlase la labor del Equipo de Gobierno”.
La cosa no acaba ahí, ya que en la actual legislatura, el Consistorio continúa recibiendo la “triste herencia” del anterior alcalde en forma de sentencias condenatorias del anterior primer edil, a las que tendrán que enfrentarse. Tanto es así, que desde el año 2001, se han recibido una quincena de sentencias condenatorias, “por lo que queda más que claro que durante el gobierno de Fernández Montes y Margarita del Cid todo se reducía a directrices políticas que terminaron en un grave menoscabo económico, así como una desestructuración profesional del Ayuntamiento, para conseguir que Torremolinos fuese su cortijo”, ha finalizado Tocón.
Las condenas, en detalle
Torremolinos acapara un total de doce sentencias en diez años, en lo que se refiere a despidos, discriminación sindical o acoso laboral. A la más reciente, anteriormente citada, se une la recibida en la delegación de Asesoría Jurídica el 26 de octubre de 2016, fecha en la que el Consistorio era condenado a pagar 18.000 euros a un trabajador por una merma de sus retribuciones y traslado y cambio de turno.
Tan solo un mes antes, en septiembre de ese mismo año, un juez condenó al Ayuntamiento al pago de 58.509 euros y a la cantidad de 33.000 € en concepto de daño moral por la suspensión de empleo y sueldo a un trabajador.
Mucho más esfuerzo tuvieron que afrontar las arcas municipales para hacer frente a la condena de 240.000 euros en abril de 2015 por la “actitud agresiva, opresiva y persecutoria” del Ayuntamiento cuando reclamaron mejoras materiales del servicio. Un año antes, en 2014, el juzgado de lo contencioso administrativo número dos de Málaga condenó al Consistorio al pago de 22.900 euros a un empleado público por el trato discriminatorio sufrido desde 1999.
También en 2014, la Delegación de Asesoría Jurídica recibe providencia que condena al pago de 21.928 euros más lo dejado de percibir en base a sentencia por un decreto del alcalde en el año 2001 en el que se suspendía de empleo y suelo a un trabajador por una supuesta “desconsideración a la alcaldía”.
En junio de 2011, otro juez estimó condenar al Ayuntamiento al pago de 18.000 euros a un trabajador en concepto de daños morales más indemnización por diferencias retributivas dejadas de percibir. En marzo de ese mismo año, un juez condenó al Consistorio al pago de 54.597 por salarios dejados de percibir, 20.040 euros por daños morales y 30.1800 euros a la Seguridad Social. También en 2011 una sentencia daba la razón a la situación vivida por una empleada, delegada sindical. Daños y perjuicios, suspensión de funciones o separación del servicio son otros de los motivos por los que el Ayuntamiento deberá pagar.
