La inmensa mayoría de los andaluces aprueba la gestión de la crisis por parte del Gobierno autonómico, según las encuestas más recientes. Pero Juanma Moreno no es infalible y acaba de cometer un traspié con la propuesta de obligar a contar con el pasaporte Covid para acceder a pubs y discotecas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) advierte de que la medida afecta al derecho a la intimidad y a la no discriminación, al tiempo que cuestiona que sea idónea y necesaria. Al respecto, los empresarios del ocio nocturno coinciden en que, efectivamente, no pueden pedir un certificado de vacunación a su público, eminentemente joven, porque no está vacunado todavía. 

Por otra parte, no tiene sentido alguno señalar a un colectivo que funciona a medio gas por las restricciones horarias y de aforo. Obligados a cerrar una hora después, a las dos, que la restauración, no son capaces de hacer caja para subsistir. Prohibido bailar, apenas ofrecen atractivos para una clientela que acaba en el botellón o en casa, sin control, hasta altas horas de la madrugada, de fiesta.

Al mismo tiempo que se señala a estos establecimientos, la propia Administración autonómica, y muy especialmente los ayuntamientos y las dipuaciones, están organizando festivales musicales, de teatro y otros eventos de similares características que, si bien se celebran al aire libre, reúnen a un número superior al que cabe en una discoteca.

Ha faltado diálogo por parte del Gobierno regional y, mucho me temo, que, en cualquier caso, no lo habría porque el ocio nocturno es chivo expiatorio: las restricciones al sector sirven para dar la sensación de que la Junta actúa contra el Covid.

Sin embargo, desde que decayó el estado de alarma, navegamos a la deriva. Ha resultado más fácil desarrollar una decena de vacunas contra el Covid que poner de acuerdo a las 17 comunidades autónomas y al Gobierno de España para el desarrollo de una Ley de Pandemias que hubiera evitado el caos. Porque el pasaporte Covid no es válido en Andalucía, pero sí es obligatorio en Galicia o en Canarias. Los mensajes contradictorios generan confusión, por un lado, y, por otro, anima a quienes incumplen sistemáticamente las normas a despreciar cualquier mensaje de prevención y cautela.

Pedro Sánchez, entretanto, no dice esta boca es mía sobre este tipo de cuestiones que, nos gusten o no, son los debates inevitables a corto plazo. ¿Debe ser obligatoria la vacuna? ¿Puede limitar derechos de acceso, movilidad o laboral no inmunizarse? ¿Hay que cambiar los criterios epidemiológicos para medir la incidencia del coronavirus? Cada comunidad ofrece una respuesta distinta. El Gobierno está apagado o fuera de cobertura.