Después de que la Unión de Sindicatos de Trabajadores de Andalucía (Ustea) denunciase en septiembre ante la Fiscalía de Sevilla una situación de "riesgo sanitario" frente a la pandemia en casi 60 unidades de escuelas infantiles, educación primaria, educación secundaria y bachillerato de la provincia, por las ratio "ilegales" de las mismas, y de que la Fiscalía de Huelva archivase una denuncia similar del mismo sindicato, las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) agrupadas en la plataforma 'Escuelas de calor' han dirigido una nueva denuncia sobre este asunto a la Fiscalía de Sevilla.
En su escrito dirigido al Ministerio Fiscal, esta plataforma denuncia "las condiciones inseguras de las aulas, el incumplimiento de la ley de bioclimatización como herramienta para luchar contra el virus y la vulneración de derechos e indefensión de la comunidad educativa ante una Consejería de Educación y Deportes, cuya actuación" se considera "negligente e irresponsable".
La plataforma señala como responsables del "despropósito" de nuevo curso escolar en plena pandemia al consejero de Educación, Javier Imbroda; su viceconsjera, María del Carmen Castillo; la nueva delegada territorial de la Consejería de Educación, María José Eslava; y "subsidiariamente" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien "siendo conocedor de los hechos, no los impide".
Además, la plataforma amplía las responsabilidades a "quienes anteriormente han consentido el deterioro de los servicios públicos hasta el punto de provocar que en momentos como el actual la ciudadanía se vea desprotegida".
Se denuncia, asimismo, "la falta de adopción de medidas reales de prevención o reducción del riesgo de contagio en los centros educativos, como la bajada de ratio o el aumento de plantilla docente" más allá de los refuerzos ya anunciados, considerados insuficientes por el colectivo.
Igualmente, y entre otros aspectos, la denuncia señala "la desigualdad generada por falta de criterios únicos y modalidades como la semipresencialidad, que está suponiendo una vulneración del derecho a la educación" del alumnado, así como "coacciones y amenazas a las familias que han optado por proteger la salud, con denuncias por absentismo o dejando a sus hijos/as sin atención, tutoría o evaluación".
