El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla presentará 17 alegaciones al proyecto de Ordenanza de Transparencia, que afectarán a 29 artículos, proponiendo la incorporación de 14 nuevos artículos y una exposición de motivos, "inexistente en el texto aprobado inicialmente en el Pleno".
"La finalidad de las alegaciones es mejorar el proyecto de Ordenanza de Transparencia, tal y como lo diseñó Juan Ignacio Zoido, con mayores derechos y garantías para los sevillanos, un mejor acceso a la información pública y unos trámites ágiles y eficaces frente al proyecto recortado en derechos que presentó el Gobierno de Espadas", según ha declarado el concejal popular Beltrán Pérez.
A través de un comunicado, Pérez ha añadido que el objetivo de las alegaciones es completar un texto con "carencias técnicas, tanto de forma como de fondo", para ofrecer "un mejor instrumento jurídico a los ciudadanos a la hora de satisfacer sus derechos de acceso a la información pública".
Así, Pérez ha señalado que entre las propuestas de mejora de cara a los sevillanos están la concentración en un solo órgano de la responsabilidad las relaciones con el ciudadano, además de la tramitación y autorización de solicitudes, "ya que la coordinación de ese órgano evitaría conflictos de competencias, ofrecería agilidad en la tramitación y facilitaría el acceso al ciudadano".
Igualmente, pide la ubicación del órgano de transparencia en la Secretaría General del Ayuntamiento, tal y como se propone en la ordenanza tipo elaborada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), "para dotarlo de un perfil técnico y de imparcialidad en sus resoluciones".
Además, las alegaciones del Grupo Popular incluyen la reducción de plazos para la publicación de información, estableciendo el carácter inmediato en la publicación singularizada de una información, "que es indeterminada en el proyecto inicial"; en quince días para la publicación compilada, que es trimestral en la ordenanza propuesta, y de diez días naturales para la resolución de solicitudes de los ciudadanos, que es de diez días hábiles en la ordenanza.
Por otro lado, Pérez reclama reforzar los mecanismos de coordinación entre las administraciones y la cooperación interna entre los servicios del Ayuntamiento, la retransmisión por Internet de las comisiones delegadas del Pleno y la Comisión de Ruegos y Preguntas, la supresión progresiva del papel en línea con la legislación de protección del medio ambiente, la elaboración de un fichero público de solicitudes aceptadas y denegadas, la inclusión de un capítulo específico de reutilización de la información a través de mecanismos de Open Data y la determinación de un régimen disciplinario y sancionador que "proteja de abusos tanto al ciudadano como a la administración".
