Zoido no ha tenido mejor ocurrencia que conmemorar su tercer aniversario al frente del Ayuntamiento y a tan sólo once meses de las elecciones municipales que incumpliendo una de las reglas no escritas de la política, aquella que prescribe adoptar las decisiones impopulares en los primeros meses, o a lo sumo el primer año del mandato (por ejemplo, Rajoy con la subida de los impuestos), para que el tiempo mitigue sus efectos y el recuerdo que de ellas quede en el electorado.
Pues bien, el alcalde ha hecho justamente lo contrario con la extensión de la zona azul a todo el barrio de Bami (1.767 plazas), Macarena (229), Pirotecnia (772) y Luis Montoto (786) con la excusa, sobre todo en el primero, de acabar con los gorrillas. Como no ha podido con ellos, ha acabado castigando a sus víctimas allí donde más les duele, sus bolsillos, con el predecible efecto de acabar provocando la rebelión de éstas.
Así que mientras aún está por ver que los gorrillas desaparezcan de los barrios con nueva zona azul, Zoido ha conseguido el efecto contrario de soliviantar a una parte de los vecinos y comerciantes, a los más de 6.000 trabajadores de la ciudad sanitaria Virgen del Rocío, a la infinidad de enfermos y sus familiares que se ven obligados a estancias de larga duración en el complejo médico, a los mismos colectivos de las clínicas privadas (por ejemplo, la del Sagrado Corazón) radicadas en Bami y sus aledaños, a los centenares de estudiantes allí asentados por la proximidad del campus de Reina Mercedes y a las plantillas de las consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura, sitas en el área de influencia del centro sanitario y también por tanto de la nueva zona azul.
El final del curso ha paliado las protestas estudiantiles en el campus de Pirotecnia y la inminencias de las vacaciones de verano hará lo propio en julio y agosto con los trabajadores del complejo sanitario, por lo que la oposición podría radicalizarse aún más en septiembre, con el inicio del último curso político de este mandato. Además, al Ayuntamiento se le ha abierto otro frente entre los trabajadores del área de Luis Montoto, con los 800 empleados de Telefónica a la cabeza, los cuales han recabado en tan sólo unos días 500 firmas en contra de la zona azul y proyectan una manifestación conjunta de todos los colectivos afectados.
Estas protestas, el sabotaje de parquímetros en Bami y el mismo anuncio de los delegados de Movilidad, Juan Bueno, y del distrito Sur, José Luis García de crear mesas de diálogo con los afectados desmienten las afirmaciones oficiales de que la extensión del aparcamiento regulado en superficie se ha realizado por consenso y a petición de los propios vecinos.
El gobierno municipal, ya claramente a la defensiva, ha incurrido en flagrantes contradicciones al tratar de sofocar el descontento ofreciendo ahora bonos de descuento a quienes trabajan en Bami y en la ciudad sanitaria (en este caso, tan sólo unos 150) para que gocen de las mismas condiciones que los vecinos, los cuales deberán pagar 80 euros anuales para el derecho a aparcar en la zona azul, pese a que ya abonan cada año el sello del coche.
En su momento, tanto la Confederación de Empresarios de Sevilla, como el PSOE, IU y el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) presentaron emiendas y/o alegaciones al proyecto de Ordenanzas Fiscales en las que, entre otros, pidieron al gobierno local bonificaciones, exenciones y reducciones para comerciantes, trabajadores y estudiantes afectados por la zona azul. IU incluso fue más lejos al plantear que los descuentos fueran mayores en función del Iprem.
Bonificaciones
La respuesta municipal entonces fue que no se podían conceder bonificaciones a los no residentes porque vulnerarían el mismísimo concepto de la zona azul, cuyo objeto era precisamente obligar a la rotación de vehículos en los aparcamientos, no a que éstos estuvieran ocupados la mayor parte del tiempo por los mismos coches.
La delegada de Hacienda, Asunción Fley, respondió lo siguiente: “Hemos de estar a lo previsto en la Ley General Tributaria, que dispone en su art. 8 que se regularán por ley: d) El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios e incentivos fiscales. De la norma se extrae -aseguró- que no existe habilitación legal para el establecimiento de los citados beneficios fiscales”.
Si, según la delegada, es ilegal ofrecer bonificaciones a los no residentes, no se comprende cómo ahora el Ayuntamiento recurre a ellas para tratar de sofocar el conflicto, aunque no es la primera vez que Asunción Fley tacha de ilegal propuestas de la oposición y que pasado el tiempo haya acabado haciéndolas suyas, olvidándose de sus propias palabras en sentido contrario.
La polémica jurídica no acaba aquí. Tanto los partidos de la oposición municipal como la asociación de consumidores Facua han anunciado la presentación de recursos contra la ampliación de la zona azul por el hecho de que el gobierno municipal no incluyó la lista de calles afectadas en la Ordenanza Fiscal reguladora, sino en una disposición muy posterior, lo que a juicio de los recurrentes vulneraría la ley de Haciendas Locales.
El conflicto afecta especialmente a Bami, donde se han incluido todas y cada una de sus calles. Era previsible salvo, al parecer para el propio Ayuntamiento, que sólo ha tenido en cuenta la opinión favorable de una parte del barrio -esgrime varios miles de firmas a favor-, pero no se ha percatado de la existencia de millares de trabajadores de la sanidad pública y privada que allí acuden a diario y del gran número de pacientes y de sus familiares que requieren sus servicios y que también se ven afectados por la zona azul sin los beneficios paliativos del bono de residencia.
Por la propia naturaleza de la función médica y la condición de los enfermos y de los familiares que los acompañan, este gran colectivo no se puede permitir, aunque económicamente pudiera, salir del hospital cada dos horas a retirar el vehículo aparcado y dar vueltas en busca de un nuevo estacionamiento. Piénsese, por ejemplo, en un cirujano operando en quirófano o en un paciente en plena diálisis.
Se ha estimado que un trabajador de la ciudad sanitaria o de cualquier otro establecimiento sito en Bami necesitaría pagar 260 euros mensuales y estar saliendo de su trabajo cada dos horas para mover el coche si pretende aparcar en la zona azul dentro del barrio, una situación similar a la que sufrirían los familiares de enfermos de larga duración internados en el Virgen del Rocío, por lo cual la medida municipal acabará creando una onda expansiva por toda la ciudad a modo de recordatorio permanente de la política de movilidad del Consistorio.
Zoido podría haber argumentado que hizo lo mismo e incluso más que sus predecesores para acabar con la lacra de los gorrillas y cumplir su promesa electoral al respecto. Incluso llegó a anunciar una Ordenanza que permitiera requisarles el dinero que llevaran en sus bolsillos, pero como jurídicamente habría sido muy difícil demostrar que todos sus fondos procedían de una actividad ilegal, desistió.
También los ha acribillado a multas, pero con nulo efecto práctico. A título de ejemplo, a principios de año el BOP de Sevilla publicó más de 500 sanciones de entre 30 y 50 euros a gorrillas por su actividad como aparcacoches y a los que no se había podido notificar individualmente por hallarse en paradero desconocido. Y cuando se les localiza se declaran insolventes.
El alcalde, pues, podría haber demostrado que no se cruzó de brazos o haber adoptado medidas disuasorias y no probadas hasta ahora, como habría sido un despliegue permanente de la Policía Local en la treintena de calles de Bami, cumpliendo así la función añadida de Policía de proximidad, pero en vez de eso ha optado por la solución más impopular y aún más gravosa que la propina al gorrilla de turno: la ampliación de la zona azul, con lo que ha acabado proyectando la imagen de que en el fondo hay también un afán recaudatorio en beneficio de la empresa municipal Aussa.
