Los exdirectores generales de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera, imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, se han acogido este lunes a su derecho a no declarar ante la juez Mercedes Alaya porque entienden que, en la línea de lo manifestado por la Fiscalía Anticorrupción, la instructora "ya no es competente" para continuar con la instrucción de la causa y ésta debe ser elevada al Tribunal Supremo por la presencia de personas aforadas.
Las comparecencias de estos dos exaltos cargos se han llevado a cabo después de que la juez rechazara la petición planteada por el Ministerio Público para que fueran suspendidas al entender que esta parte de la investigación debe ser elevada al Tribunal Supremo "atendiendo a la calidad del fuero de alguna de las personas reseñadas" en el auto de 18 de diciembre de 2013, como son los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y cinco exconsejeros, todos ellos aforados.
De este modo, Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera han comparecido por segunda vez ante la magistrada después de que la Audiencia Provincial de Sevilla anulara su primera imputación por falta de motivación y se han acogido a su derecho a no declarar ante Alaya, que ha dado por "reproducidos" los mismos hechos que les atribuyó el 19 de septiembre de 2013, imputándoles sendos delitos continuados de prevaricación y malversación, según el acta de sus comparecencias, consultadas por Europa Press.
Al comienzo de la comparecencia de Lozano, la instructora le ha preguntado si se ratificaba en las manifestaciones realizadas en su primera declaración, pero el imputado ha respondido que no porque "en aquel momento desconocía la existencia del informe de adecuación y legalidad de las transferencias de financiación que estaba en poder del Juzgado, pero no se había puesto a disposición de las partes, y que había sido emitido por cuatro interventores de la Junta".
Al hilo, la juez le ha contestado que "de toda la documentación se le dio traslado con carácter previo a su declaración", tras lo que le ha preguntado si iba a declarar, pero el exalto cargo ha respondido de forma negativa porque, "de acuerdo con lo que entiende" la Fiscalía y también su defensa, ejercida por el abogado José María Mohedano, la juez "ya no es competente para continuar la instrucción de esta causa por estar agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra alguna de las personas que gozan de fuero".
El imputado ha considerado que, "al no ser competente este juzgado, la toma de declaraciones conculcaría su derecho a un juez predeterminado por la ley, independientemente de los efectos dilatorios que causarían, tal y como afirma el Ministerio Fiscal en su escrito de fecha 28 de abril de 2014".
ANTICORRUPCIÓN NO SOLICITA NINGUNA MEDIDA CAUTELAR PARA LOS IMPUTADOS
Seguidamente, el letrado del imputado ha aludido a los "abundantes" escritos presentados por las partes en relación a la "ocultación" de actuaciones en este caso, momento en el que ha tomado la palabra la propia juez para "llamarle al orden" a fin de que "modere su lenguaje", pues "está poniendo de manifiesto que esta instructora, que es la que dirige el juzgado, está cometiendo un hecho delictivo consciente y deliberadamente".
Mohedano ha asegurado, en este sentido, que está "muy lejos de su intención y de sus palabras el atribuir a su señoría lo que se acaba de manifestar", punto en el que se ha remitido a los escritos presentados en su momento y al incidente de nulidad de actuaciones formulado y pendiente de resolver "sobre este punto de la puesta a disposición de las partes de la documentación" referida.
Concluidas las declaraciones de los dos exaltos cargos, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones ha solicitado medida alguna para Lozano y Aguilera, a quienes la juez impuso en su día sendas fianzas de responsabilidad civil de 46,6 y 1 millón de euros, respectivamente, que dejó sin efecto después de que la Audiencia anulara sus imputaciones.
El abogado de los imputados ha señalado que, como "los legitimados para el ejercicio de la acción civil personados y presentes no solicitan medidas cautelares de carácter civil", de adoptarlas la juez "supondría además de un exceso, también una vulneración del derecho a la no indefensión, ya que al no ser formulada ninguna petición no tienen la oportunidad de oponerse a las mismas".
LOS DOS EXALTOS CARGOS RECURREN NUEVAMENTE SU IMPUTACIÓN
Posteriormente, y en declaraciones a los periodistas, Mohedano ha informado de que ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla la segunda imputación dictada por Alaya, confiando en este sentido en que la juez "no lo tenga cinco meses en su despacho sin elevarlo a la Audiencia" y asegurando que sus patrocinados "son inocentes".
Asimismo, ha indicado que el hecho de que la juez eleve o no el caso al Supremo "no depende de las diligencias pendientes de recibir, sino de que aparezcan o no indicios racionales respecto a los aforados". "Cuando aparece un indicio sólido o razonable, hay que elevarlo automáticamente" al Supremo, y "si no se hace se está conculcando claramente el derecho al juez natural", lo que podría llevar a la nulidad de las actuaciones.
El abogado ha lamentado que se trata de un caso judicial "aprovechado políticamente", ya que "se está criminalizando lo que no tiene ribetes de delito, como son unas leyes aprobadas por el Parlamento, unos actos administrativos", señalando que "otra cosa es el menoscabo económico, el desvío continuado de dinero", con lo que "no estoy diciendo que no haya habido actuaciones que presuntamente pudieran ser delictivas", ha concluido.
