Los sindicatos UGT y CCOO en Andalucía mostraron ayer su apoyo a los trabajadores de las cafeterías del aeropuerto de Sevilla, que se encuentran encerrados en la Catedral desde el pasado jueves para pedir la readmisión de un compañero despedido por la empresa Grupo Abades en el marco de la negociación de un nuevo acuerdo económico, al tiempo que han reclamado un mayor “esfuerzo” de la Junta de Andalucía para mediar en el conflicto.
Así, el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández, que visitó a los empleados en la Catedral junto a su homólogo en CCOO-A, Francisco Carbonero, consideró lamentable que el grupo Abades, “por su importancia y por la cantidad de concesiones que tiene”, mantenga la situación de “enroque” con medidas “muy traumáticas” para los trabajadores. “No sería una empresa modelo en estos momentos”, subrayó.
Fernández además, que acudió al primer acto público tras su elección en el cargo dentro de UGT-A, afirmó que esta situación es “insostenible” tanto para los trabajadores como para el servicio que se le presta a la ciudadanía y llamó la atención sobre la imagen que se están ofreciendo de la ciudad con este conflicto.
De esta manera, mostró su deseo de alcanzar un solución definitiva a lo largo de la reunión que ayer ambas partes mantuvieron en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla), y si no, advirtió de que “se continuará con las movilizaciones y ver qué actuaciones adicionales se pueden hacer”.
“Es de justicia que la empresa rectifique porque no es de recibo que los beneficios que tiene no los ponga al servicio para amortizar la subida de las tasas, en vez de cargar esto a los costes salariales”, dijo.
Condiciones
Por su parte, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, destacó que esta situación “no es sólo un conflicto laboral” y recordó que Abades ha sido “muy agraciada por muchas concesiones públicas y gestiona un número importante de áreas de servicio en autovías y carreteras de Andalucía”.
“Los trabajadores tienen mucha antigüedad, unos derechos, y la empresa ha ido a quedarse con la concesión seguramente haciendo una baja temeraria”, señaló Carbonero, quien también hizo bastante hincapié en que “las administraciones sólo ven los números, pero el único criterio de las concesiones públicas no puede ser el dinero que tiene que pagar la administración”.
“Hay que ver cuáles son las condiciones del empleo, las condiciones adquiridas de los trabajadores y seguramente esta empresa cuando echó la plica ya iba con una baja temeraria”, subrayó Carbonero, quien además advirtió que “AENA la aceptó y ahora son los trabajadores los que pagan los errores que otros cometen”.
