Las sesiones técnicas de la XI Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías que organiza la sociedad de informática provincial, INPRO, han proseguido este martes con un bloque de análisis y debate en torno a la vigilancia y la ciberseguridad, abordada desde el prisma de la tecnología que se está poniendo al servicio de las policías locales en los ayuntamientos de la provincia de Sevilla.
Según ha trasladado la Diputación en una nota, en la jornada --a la que han acudido representantes de numerosos cuerpos de polícía local de toda la provincia-- la inauguración ha estado a cargo del vicepresidente de INPRO, Antonio Jesús Muñoz; y del subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano.
En su apertura, Toscano ha destacado que la videovigilancia "tiene una enorme virtud", y es que "permite proteger de una manera muy efectiva tanto los bienes como los derechos y libertades de las personas". Así, ha proseguido "pero entra en colisión con otros derechos y libertades que también hay que proteger de los vecinos". Y ahí, tanto la ley orgánica --de protección de datos--, como el reglamento posterior lo que buscan es "conjugar ese equilibrio entre la efectividad de la videovigilancia y el derecho de intimidad y esos permisos son los que competen a la subdelegación", ha aclarado.
Por su parte, Muñoz ha calificado las jornadas como "una oportunidad inmejorable" para hacer una reflexión acerca de los malos usos de la ciberdelincuencia y de las soluciones que existen para "solventar estos problemas con videovigilancia y ciberseguridad, acompañado todo ello con el trato acertado de los datos personales en todo momento".
Tras esa apertura, el turno ha sido para el jefe del grupo de fraude informático de la Policía Nacional en Sevilla, Marcos Luengo, que ha hecho un repaso de los ciberdelitos y sus tipologías.
Al final, Luengo ha formulado una serie de precauciones que deberían tener en cuenta todos los ciudadanos para evitar este tipo de prácticas delictivas. Entre esas medidas han figurado, "no facilitar datos bancarios por teléfono, no usar una forma de pago que no controlemos, no enviar dinero a personas que no conocemos, no clicar en enlaces que recibamos por sms o por mail, no tener prisa ni ceder a la presión telefónica, observar que la página web es segura, utilizar formas de pago seguras, entre otras".
Le ha seguido en el turno de las jornadas el jefe de la unidad de autorizaciones administrativas de la Subdelegación del Gobierno, José Luis López Muriel, para tratar el asunto de los requisitos y procedimientos para la autorización de sistemas de videovigilancia en la vía pública.
Muriel se ha centrado en que "la videovigilancia es un tema incipiente y, por tanto, que genera muchas dudas a la hora de su aplicación, tal y como comprobamos en la subdelegación del gobierno con las casuísticas que llegan desde las policías locales de los municipios y desde empresas de seguridad". Al respecto, el conferenciante ha proseguido exponiendo que "el concepto de videovigilancia y el de protección de datos están íntimamente ligados" y hay que aplicarlos siempre desde el respeto del uno al otro.
Después de esa primera exposición, el turno ha sido para el jefe de la policía local de Castilleja de la Cuesta, Miguel Ángel Hidalgo, que ha conversado con el analista de sistemas de INPRO, Rafael Piña, acerca de la experiencia de su unidad policial en el citado aljarafeño a la hora de aplicar sistemas de videovigilancia inteligente.
Dicha iniciativa está enmarcada dentro de un proyecto mayor de instalación de videovigilancia que INPRO ha acometido junto a los Ayuntamientos beneficiarios de los fondos FEDER DUSI que gestiona la corporación provincial en las localidades de Castilleja de la Cuesta, Bormujos, Gines y Espartinas. En total, como ha señalado Rafael Piña, han sido 98 cámaras las que se han instalado en 31 ubicaciones de estas cuatro localidades.
Por su parte, Hidalgo ha abordado las últimas tendencias en materia de videovigilancia, que según su opinión han apuntado a "la integración de la inteligencia artificial en dichos procesos, el análisis de datos en tiempo real, el reconocimiento facial cada vez más avanzado y, por último, el control térmico". Aun así, en el apartado del reconocimiento facial, el jefe de la policía local alixeña ha reconocido que "hay ciertos recelos en su aplicación, ya que deben conjugarse bien los artículos 17 y 18 de la Constitución, cuando hablan del derecho a la seguridad, el primero de ellos, y del derecho a la intimidad, el segundo".
La siguiente ponencia ha estado a cargo del fiscal delegado de seguridad vial de la Fiscalía de Andalucía, Luis Carlos Rodríguez, al que posteriormente ha seguido el responsable del programa e-pol de INPRO, Juan Manuel Illacucci. Ambos han aportado propuestas acerca del atestado unificado digital, el primero, y sobre los resultados del programa digital que gestiona la sociedad informática provincial, el segundo.
El fiscal delegado de seguridad vial, en la dialéctica entre el derecho a la seguridad y el derecho a la intimidad a la hora de instalar sistemas de videovigilancia ha reclamado "tener muy claro qué es lo que queremos proteger, no se debe limitar el uso de medios, sino establecer claramente cómo se usan y hacerlo con sentido". El énfasis en ese circuito de datos "hay que ponerlo no en la entrada de esos datos a la policía, que debe manejar cuantos más mejor, sino en las posibles salida y fuga de esos datos", ha detallado.
Illacucci, de su lado, ha desgranado el funcionamiento que ha venido teniendo la aplicación e-pol, creada por INPRO para la gestión del día a día de los servicios de policía local en los Ayuntamientos sevillanos. Además, ha presentado "las mejoras en ese aplicativo de gestión integral de la policía local". Entre esas nuevas prestaciones está la unificación en esa app de los procedimientos en cualquier denuncia o atestado, la documentación de los mismos y la formación del personal. Además "facilita compartir la información entre los integrantes de la unidad, agiliza la comunicación entre los mismos y el acceso a otros sistemas y, finalmente, facilita la cooperación entre administraciones", ha destacado.
Por último, han subrayado que dicho aplicativo "lo está cediendo a la entidad provincial sevillana a otras corporaciones provinciales para que éstas a su vez den servicio a las policías locales en sus territorios". Es el caso de las diputaciones de Granada, Huelva y Cádiz, que utilizan e-pol, y la de Jaén, que también opera en modo prueba.
La última sesión de la mañana la ha protagonizado el jefe del equipo de la Guardia Civil, José Luis Gómez, que ha planteado la necesidad de un fortalecimiento de la colaboración entre la policía local y la guardia civil en la lucha contra la ciberdelincuencia.
Gómez ha hecho un repaso de los distintos tipos de ciberdelitos con los que suele encontrarse el ciudadano, como pueden ser "el phishing, el BEC, el fraude con inversiones y el skimming digital". También ha puesto el acento de forma concreta en los casos de ciberdelincuencia hacia los menores y hacia las mujeres en forma de ciberviolencia de género.
Como propuestas, el jefe del equipo de la Guardia Civil ha dejado encima de la mesa "la necesidad de impartir formación a las policías locales en materia de ciberdelitos; la creación de un formato consensuado que facilite la recepción de denuncias en las tipologías más comunes que suelen acontecer en los ciberdelitos"; y por último, la formación en materia de Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT), que "se refiere al conjunto de técnicas y herramientas que se utilizan para recopilar información pública, analizar datos y relacionarlos para convertirlos en conocimiento útil".
