Doce días después de que el Consorcio de Bomberos informara de la extinción - que se prolongó algo más de seis horas - de un incendio en una parcela abandonada en la carretera que une Sanlúcar con El Puerto de Santa María, el incendio aún continúa activo. De las varias montañas de residuos que se acumulan en la antigua planta de reciclaje Costa Noroeste, siguen combustionando materiales que según Ecologistas en Acción, podrían ser tóxicos, por lo que han trasladado denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente.
Mientras, el Ayuntamiento de Sanlúcar y la Junta de Andalucía cruzan acusaciones sobre el asunto. Este fin de semana, el delegado territorial de Medio Ambiente, Óscar Curtido, ha informado que la Junta, como “administración competente en las autorizaciones medioambientales”, no ha recibido notificación alguna de “declaración de quiebra” de la empresa Hierros y Metales Blasco, “pero nos informaron los agentes de Medio Ambiente, tras una inspección motivada por la denuncia del incendio, que la planta se encontraba abandonada”. “Se desconoce quién es el propietario actual de la planta o si se encuentra en un procedimiento concursal”, según indicaba en un requerimiento que remitió días atrás al Ayuntamiento de Sanlúcar.
En dicho escrito, Curtido instaba al Consistorio, “como administración competente”, a que “solicitara al Consorcio Provincial de Bomberos a que actuara” para la “inmediata extinción del incendio”. “Le exigíamos que, en cumplimiento de sus competencias, se hiciera cargo del tema, porque el Ayuntamiento tiene competencias tanto en seguridad y protección civil como en prevención y extinción de incendios, al ser miembro del Consorcio”, ha explicado el delegado territorial.
En el mismo requerimiento “le informamos de todos los residuos que podía haber en las instalaciones de acuerdo con la autorización que tenía la empresa y le instábamos a que exigiera al Consorcio a que actuara, porque, según la inspección y el acta que levantaron los agentes de Medio Ambiente, había varios montículos con neumáticos y otros tipos de residuos que estaban ardiendo e informaban que la combustión, al estar tan amontonados y dadas las características de los materiales, podía ser muy lenta, de manera que recomendaban que se abrieran y airearan dichos montículos y que el Consorcio actuara apagando el fuego”, informaba la Junta.
Unas declaraciones que el Ayuntamiento de Sanlúcar ha calificado como una "muestra de desleantad" por parte de la Junta de Andalucía. El Gobierno local ha mostrado su sorpresa por las manifestaciones del delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Óscar Curtido, quien asegura que la Junta, como “administración competente en las autorizaciones medioambientales” ha tomado las medidas pertinentes en el incendio de la planta de residuos de Sanlúcar, "echando de esta manera balones fuera y queriendo dejar en manos del Ayuntamiento cualquier responsabilidad".
"Como es habitual, los responsables de la Junta de Andalucía vuelven a hacer gala de su falta de información y de desconocimiento de sus competencias, mostrando un infantilismo impropio del cargo", ha trasladado el Consistorio en un comunicado de prensa, en el que aseguran que la Junta conoce la situación de la empresa y del estado de los terrenos de la planta de Hierros Blasco desde hace dos meses, aunque esta administración no haya ofrecido hasta ahora respuesta alguna. "Una delegación territorial que no dispone de inspector medioambiental en la localidad, ya que destinó a El Puerto al anterior responsable, muestra así el interés por el cuidado de la Costa Noroeste", censuran.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Sanlúcar sostiene que tal y como se le comunicó a la propia administración por escrito, "desde el primer momento se está en contacto con el Consorcio de Bomberos y colaborando con él en todo lo que es posible, facilitándole incluso maquinaria pesada para los trabajos de extinción. Parece de perogrullo que la Junta culpe al ayuntamiento de ‘no avisar a los bomberos’, cuando junto a la Policía Local mantiene una continua colaboración desde el inicio", afirman, añadiendo que "el delegado territorial debería asegurarse de asumir sus competencias antes de eludir responsabilidades".
Por ello, en el escrito remitido a la Junta el pasado 31 de enero se le conminaba “a esa Consejería de Medio Ambiente, competente en la materia, la adopción de medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuación en la producción del riesgo o del daño, de conformidad con lo establecido en el artículo 162 y concordantes de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Incluidas, por sustitución, aquellas medidas que correspondiendo al operador autorizado según el artículo 123 de la mencionadas Ley 7/2007, no las pudiera llevar a efecto por su situación particular de quiebra o no quiebra, abandono o no abandono de las instalaciones autorizadas por esa Consejería”.
Por último, el Gobierno local destaca cómo "a diferencia de la deslealtad institucional de la que viene haciendo gala la Junta de Andalucía con Sanlúcar", en el citado escrito se señala que “este Ayuntamiento tiene siempre presente el deber de colaboración entre las Administraciones Públicas, que consagra el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público para lo que seguimos en permanente contacto”.
