Visto desde una relativa lejanía puede parecer que los partidos políticos de uno y otro signo estaban preparados para lo que iba a ocurrir el 1 de octubre -no para lo que pudiera ocurrir, sino para lo que iba a ocurrir- una vez que la Junta de Andalucía se hiciera cargo oficialmente del Hospital San Carlos.
Independientemente del cambio de logotipos y demás señas de identidad que impone el entrante, que es algo que las administraciones públicas tienen muy engrasado, era de esperar que unos protestaran porque el Hospital siguiera como lleva muchos meses funcionando y apurando un poco, como lleva muchos años: absolutamente infrautilizado y esperando el cierre decretado por el Ministerio de Defensa y que el alcalde evitó “partiéndose la cara en Madrid con sus compañeros de partido” y contando con la presión ciudadana.
En honor a la verdad, la presión ciudadana nunca ha influido en las decisiones del Ministerio de Defensa, ni en San Fernando ni en ninguna otra ciudad, pueblo o villa afecta a la defensa nacional.
Ejemplos ahora en boga es Cáceres, donde Defensa no quería CEFOT-1 y los cacereños sí; Algeciras, donde Defensa no quería el RACTA-3 y los algecireños sí; San Fernando, donde Defensa quiere el CEFOT-2 y los isleños no querían. O al menos eso es lo que dicen para que ahora Cáceres aventaje a La Isla en el contencioso del Centro de Formación de Tropa que no va a ser tal contencioso hasta después de las elecciones. O eso se espera.
Pero volviendo al Hospital San Carlos, está claro que el cierre era seguro, que nadie niega los méritos de Loaiza y que su éxito ha tenido que contar con un aliado necesario como ha sido la Junta de Andalucía. Otra cosa es fiarse de un Servicio Andaluz de Salud que elimina camas por doquier, no cubre las bajas por jubilación y no maneja fechas ni para cobrar la lotería.
