La jueza instructora del caso Acinipo, Judith Saiz, ha decidido levantar las medidas cautelares que pesaban sobre los ex concejales María José Martín de Haro y Rafael Lara, así como también sobre el empresario Alonso Fernández Villacorta tras que precisamente este empresario vinculado a la firma Eroski solicitara la suspensión de las mismas.
Fue hace escasamente un mes, el pasado 24 de abril, cuando una procuradora solicitó en nombre del empresario el levantamiento de las medidas que pesaban contra él; tras remitir una providencia la magistrada a la Fiscalía, el Ministerio Público dio luz verde a la togada, y solicitó además la cancelación de las fianzas interpuestas contra los ex concejales.
En concreto, en un escrito remitido al Juzgado número 2 de Ronda, el fiscal anticorrupción Valentín Bueno estima que “por razones sobre todo del tiempo ya transcurrido en fase de instrucción y el grado de implicación que va perfilándose a medida de que avanza la investigación, basta con la obligación de permanecer a disposición del Juzgado y comunicar cualquier cambio de domicilio”.
Tras recibir el escrito, apenas han bastado unos días a la instructora para pronunciarse en el mismo sentido mediante tres autos. En el primero de ellos, acuerda levantar la fianza de 40.000 euros que pesaba sobre Martín de Haro, tras que fuera reducida a esta cantidad la solicitud inicial de 80.000 euros. En junio de 2013, el juzgado aceptó una fianza hipotecaria en sustitución de la prestada anteriormente por un aval bancario. En el caso de Rafael Lara, la togada levanta una fianza de 50.000 euros, también hipotecaria. Al fin, en el caso del empresario Fernández Villacorta, la magistrada Judith Saiz ha decidido que el implicado no tenga que comunicar obligatoriamente al juzgado cualquier viaje al extranjero que dure más de una semana, medida impuesta tras inicialmente deber presentarse mensualmente ante las autoridades judiciales.
En sus autos, de acuerdo a la opinión del Ministerio Fiscal, la jueza Saiz habla de la adopción de medidas de “proporcionalidad”; en el caso de Fernández Villacorta, subraya además “la colaboración mostrada por el imputado”.
Ahora, tanto los ex ediles como el empresario, sólo mantienen la obligación de permanecer a disposición del juzgado instructor, así como comunicar cualquier cambio de residencia habitual.
Por otra parte, los autos de la jueza a los que ha tenido acceso este periódico revelan cómo la togada no se ha pronunciado en el caso del ex alcalde de la ciudad, Antonio María Marín Lara, lo que podría significar que no existe novedad alguna respecto a su situación procesal, o porque lo hará posteriormente. Sin embargo, el fiscal Valentín Bueno, en su escrito, insiste en mantener las medidas interpuestas contra el antiguo regidor rondeño.
SAIZ DEJARÁ EN POCOS DÍAS EL JUZGADO NÚMERO 2
La jueza Judith Saiz, que se ha encargado de la investigación del caso Acinipo desde 2011, dejará la instrucción del mismo en sólo unos pocos días, al estar previsto su traslado a otro juzgado y abandonar de este modo su responsabilidad al frente del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Ronda. La marcha de Saiz coincide además con la del resto de jueces que venían prestando sus servicios en los otros dos juzgados de Ronda. Hace semanas que se marchó la jueza decana, cuyas funciones fueron asumidas por un juez sustituto, si bien en unas pocas semanas, desde principio de mes. Junto a Saiz se marchará también el juez titular del juzgado número 1 de Ronda.
Así, serán tres los nuevos jueces que vengan a Ronda a desempeñar sus funciones en los tres juzgados que existen en la ciudad. El nuevo encargado del juzgado número 2 tendrá que hacer frente, por ello, a la investigación de Acinipo, que acumula miles de documentos sobre los que deberá ponerse al día.
