El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, ha exigido a la Junta de Andalucía que mantenga al personal público de la Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría donde se va a acoger a menores inmigrantes no acompañados.
Según ha informado IU en una nota, el partido ha criticado "el trato dado" por los responsables de la Junta de Andalucía al personal que trabaja en la Residencia de tiempo libre de Punta Umbría, en la que va a acoger a menores inmigrantes.
Sánchez Rufo ha calificado de "inaceptable", en primer lugar "la falta de información a los trabajadores, de los 16 van a ser reubicados en otros destinos en estas fechas, con motivo del final de la temporada", mientras que el resto, en torno a 15, "van directamente al paro". Se trata de empleados públicos que trabajan en tareas de limpieza, cocina y mantenimiento en dicha residencia.
Asimismo, Sánchez Rufo ha añadido que "resulta un desprecio" a los empleados públicos que en una situación en la que las instalaciones de la Residencia de tiempo libre de Punta Umbría van a seguir abiertas, "las personas que trabajan en las mismas durante seis meses al año vayan a ser sustituidos por una empresa privada que se va a encargar de gestionar esta residencia, a pesar de que cuenta con una plantilla que depende directamente de la Junta de Andalucía".
Así, según han recordado, "los trabajadores de la residencia de tiempo libre vienen reivindicando desde hace tiempo el uso de las instalaciones en actividades alternativas, para lo que incluso propusieron la posibilidad de ofrecer los servicios de comedor escolar en los centros escolares de Punta Umbría". De este modo, "se mejorarían las condiciones laborales, tanto del personal laboral fijo de la Junta de Andalucía que durante la mitad del año se reubica en otros centros públicos, como del resto que van a engrosar las listas del paro".
A su juicio, "lo lógico sería que las labores que habitualmente realiza la plantilla de esta residencia las puedan seguir desempeñando con el nuevo uso para acoger a menores inmigrantes, haciendo para ello que la Junta de Andalucía habilite los mecanismos de contratación del personal especializado necesario para la atención a menores que van a alojarse en dicha residencia".
Según ha continuado, en algunas residencias de tiempo libre andaluzas se ha establecido la posibilidad de que el personal de éstas sea asumido por las empresas adjudicatarias de la gestión del centro de menores, teniendo como resultado que "los empleados públicos realizarían los mismos trabajos que venían haciendo, pero en unas condiciones de absoluta precariedad y con salarios mucho más bajos".
En este sentido, Sánchez Rufo ha remarcado que "una vez más se demuestra que cuando la Junta de Andalucía tiene que elegir entre empleo público de calidad o privatizaciones y precariedad, se queda con lo segundo, perjudicando los derechos laborales de las plantillas".
