Unas doscientas personas, en su mayoría estudiantes, se han manifestado este viernes por el centro de Granada contra la supresión de las clases presenciales en la Universidad ordenada por la Junta, y denunciar que no se hayan aprobado restricciones para el ocio nocturno o la hostelería.
La protesta, en la que han participado unas 150 personas según la Policía Local y hasta cerca de 300 según un portavoz del Frente de Estudiantes, ha sido convocada por esta última organización junto a la Delegación General de Estudiantes de la Universidad y Estudiantes en Movimiento.
Tras la lectura de un manifiesto a las puertas del Rectorado de la Universidad, la manifestación ha partido al mediodía de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada y prevé finalizar a la altura de la plaza Isabel La Católica, una vez recorrida la céntrica Gran Vía de Colón.
Los estudiantes han explicado que este pasado martes conocieron la decisión de la Junta de Andalucía de cerrar las aulas y la suspensión de las clases presenciales como una medida para sofocar los contagios en la ciudad de Granada.
"En ningún momento se llegó a contactar con Personal Docente e Investigador (PDI) o de Administración y Servicios (PAS) o con el estudiantado, ni para tomar decisiones ni para informar de esta nueva medida tomada", han advertido el manifiesto, en el que han denunciado la incertidumbre generada en alumnado y profesorado.
También han criticado que la Junta haya alegado tomar la decisión como parte de las medidas para contener la covid-19 pero sin embargo no haya aprobado ninguna restricción para los establecimientos de ocio nocturno y hostelería, donde en muchas ocasiones no se cumplen las medidas sanitarias apropiadas.
"Con esta decisión se hacen evidentes las prioridades del gobierno autonómico y local, priorizando el beneficio económico de la patronal hostelera sobre la salud y la calidad de la enseñanza universitaria", han expuesto.
Igualmente, han recalcado que más de la mitad de las estudiantes de la Universidad de Granada son de fuera de la misma provincia andaluza y que se han visto obligados a hacer contratos con una duración de diez meses, sin que la Universidad hubiera establecido un protocolo claro de adaptación al modelo virtual.
"Unos pisos precarios, con unas malas condiciones y unos alquileres altos, viéndonos obligados a continuar con las clases en unos espacios que no son ni mucho menos adecuados para ello", han añadido.
