El alcalde de Algarinejo (Granada), Jorge Sánchez (PP), se ha declarado inocente de los delitos de revelación de secretos y cohecho por los que ha sido juzgado este miércoles en la Audiencia de Granada, donde ha dicho que "en ningún momento" se apoderó ni difundió una carta del entonces regidor, el también 'popular' Óscar Fernández, enviada tras su dimisión en abril de 2013 al portavoz municipal del PSOE.
El anterior regidor, que ya no está en las filas del PP, ejerce la acusación particular y pide para él y uno de sus concejales, Ignacio Cáliz, un total de siete años y medio de prisión y once de inhabilitación.
En la carta, Óscar Fernández daba la noticia de su renuncia a su condición de alcalde y contenía además dos párrafos en los que hacía valoraciones personales de la labor del portavoz socialista, y, por tanto, de un partido diferente al suyo, extremos que, a su juicio, debían de quedar en el ámbito reservado por considerar que le podrían causar perjuicios.
Durante el juicio, el actual alcalde de Algarinejo ha relatado que no tuvo conocimiento ni acceso a esta carta hasta que salió a colación en un pleno celebrado con posterioridad a la dimisión de Óscar Fernández y que fue el secretario quien por "voluntad propia" les imprimió una copia que tenía en su ordenador para que supusieran de qué iba el asunto.
Mantiene que esa copia no iba firmada y que tenía el membrete y dirección del ayuntamiento, mientras que el secretario nunca les advirtió de que fuera "un documento secreto" sino más bien algo administrativo. Junto a ello, garantiza que "en ningún momento" ha tenido en su poder la carta original.
En el mimo sentido se ha pronunciado el otro concejal acusado, quien ha recalcado que los motivos de la dimisión del anterior regidor no eran secretos, sino que se hicieron públicos cuando ocurrió y también se conocía en el municipio el buen trato que mantenía con el portavoz de la oposición, con el que habría compartido comidas y encuentros.
La Fiscalía consideró en su escrito de conclusiones provisionales que los hechos no son constitutivos de delito y pidió la absolución para ambos. Además de la pena de cárcel, la acusación particular solicita un total de 10.800 euros en multas y una indemnización de 12.000 euros por daño moral.
