La actual concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto (PP), ha declarado este lunes como testigo en el juicio que se celebra desde la pasada semana en la Audiencia por la operación urbanística relacionada con el Plan Parcial de Cerrillo de Maracena, donde estaba previsto construir el Palacio de Hielo, y ha considerado "imposible" que existiera una "trama" durante la tramitación del proyecto, defendiendo además la actuación municipal en este asunto.
En el banquillo de los acusados se sientan el que fuera concejal de Urbanismo durante el primer mandato de José Torres Hurtado, Luis Gerardo García Royo (PP), el exgerente de Urbanismo Manuel Lorente, los promotores José Julián Romero y Manuel José Rodríguez Acosta, el que fue secretario de la Junta de Compensación de los terrenos, el vicesecretario del Ayuntamiento, el que fuera jefe del Servicio de Gestión Urbanística desde septiembre de 2006 y el que lo fue hasta esa fecha. Para los ocho, la Fiscalía solicita ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público de carácter electivo y sobre cualquier otro que comprenda facultades de contratación.
Los hechos, que fueron denunciados en su día por el Ministerio Público, que entendía que pudo haber apropiación de aprovechamientos urbanísticos del Estado por parte del Ayuntamiento, se remontan al pasado 25 de septiembre de 2005, cuando el entonces edil de Urbanismo y varios promotores inmobiliarios firmaron un convenio para el desarrollo urbanístico del Plan Parcial, con una superficie neta de 177.384 metros cuadrados.
En la tercera sesión del juicio, que continuará hasta el día 15, Nieto ha explicado que todos los planes parciales en la ciudad son objeto de multitud de recursos, y que incluso en una zona contigua a la que está en cuestión se produjo "el mismo caso", pero el asunto no llegó al ámbito penal, sino que se interpuso reclamación en la jurisdicción contencioso-administrativa, que se resolvió con un acuerdo extrajudicial entre Fomento y el Ayuntamiento.
La concejal ha criticado el trabajo de los funcionarios de Fomento en asuntos relacionados con el urbanismo en la ciudad, y les ha achacado una "dejación de funciones", en éste "y en otros casos": "La primera noticia de Fomento que tuvimos es cuando se denunció el tema".
Según ha sostenido, el caso del Palacio de Hielo fue denunciado inicialmente por el promotor José Julián Romero en 2010, cuando el Ayuntamiento le remitió varios escritos de apremio para que pagara al Ayuntamiento lo que le debía por la operación. A partir de ahí, el promotor ha generado "situaciones muy violentas", de "acoso" a los funcionarios municipales que, según la edil, se abstienen de responder a sus escritos, "que presenta como una metralleta", por "miedo" a sus reacciones.
Su comportamiento, según Nieto, se debe a que "no quiere pagar". "José Julián Romero tenía inversiones en todas las zonas de expansión de la ciudad, y cuando llegó la crisis se encontró con que tenía que pagar y no podía", ha señalado la concejal, que ha negado, como ya hiciera su antecesor en el cargo en la primera sesión de la vista, que existiera "trama" en el Ayuntamiento en esta operación, porque había muchos técnicos implicados y sería "imposible".
Además de Nieto ha declarado el que fuera concejal de Urbanismo durante el gobierno de PSOE, PA e IU, el socialista Francisco Ruiz Dávila, que ha considerado irregular la cláusula incluida en el convenio de los promotores sobre el exceso de aprovechamientos, el interventor general del Ayuntamiento, y uno de los arquitectos encargados de la redacción del Plan Parcial, que ha defendido su legalidad achacando a un "error de medición" con respecto a los cambios en la ficha técnica de los terrenos.
El promotor José Julián Romero, que ya fue expulsado el pasado jueves por excederse en sus respuestas, ha interrumpido en un momento dado a uno de los testigos, ante lo que el magistrado-presidente del tribunal de la Sección Segunda que valora el caso le ha recriminado su actitud. El acusado le ha dicho que llevaba varios días ya en un juicio que considera injusto contra él porque fue quien denunció el asunto, y el magistrado le ha ofrecido que podía abandonar la Sala si lo deseaba, previa petición de su letrado, y así lo ha hecho, de manera que no regresará hasta la última sesión, cuando se le ofrezca la posibilidad de ejercer su derecho a la última palabra.
Las sesiones continuarán este martes con más testigos propuestos por García Royo, y está previsto que el miércoles comparezca el actual alcalde de Granada, José Torres Hurtado, entre otros. El juicio quedará previsiblemente visto para sentencia el jueves 15.
ACUSACIÓN DEL FISCAL
Según la Fiscalía, las conversaciones sobre este asunto se habían iniciado en 2003, y en 2005 se retomaron actuando personalmente, ya como edil, García Royo, con la finalidad "de obtener cuantiosos ingresos para las arcas municipales y con la aquiescencia de las empresas propietarias mayoritarias de los terrenos interesados en el desarrollo comercial de la zona, que también obtendrían beneficio de dicha operación al aumentar la edificabilidad de los terrenos".
En junio de 2005 se presentó en el Ayuntamiento un escrito por los propietarios mayoritarios --J. Julián Consulting S.L., Promociones Arcomarex y Caja Rural de Granada-- anunciando su voluntad de suscribir el convenio urbanístico y, entre otras materias, adquirir los excesos de titularidad municipal de terrenos situados en sistemas generales adscritos al sector del Plan Parcial y excesos de aprovechamiento no atribuibles a otros propietarios.
El convenio se aprobó definitivamente el 31 de marzo de 2006 por la Junta de Gobierno Local, y paralelamente se constituyó la Junta de Compensación sin convocar ni al Ministerio de Fomento ni a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pese a que en el Plan Parcial estaban incluidos terrenos de su propiedad.
Fueron dos de los procesados, el secretario de la Junta de Compensación y el vicesecretario del Ayuntamiento, quienes "omitieron" cualquier notificación que a estas administraciones "debía hacerse para la defensa de sus derechos", por lo que el proyecto de reparcelación de los terrenos fue presentado ante la Gerencia de Urbanismo en enero de 2007 sin su "conocimiento".
En marzo de 2007, con los informes favorables de los técnicos, el proyecto se aprobó inicialmente, y de manera definitiva en agosto, "pese ni Fomento y la CHG fueron convocadas, advertidas o notificadas de actuación alguna, en contraposición a la actuación llevada a cabo con otros propietarios minoritarios".
Como resultado de todo ello, según el fiscal, se incluyeron en el sector para el cómputo de las unidades de aprovechamiento a cobrar por el Ayuntamiento y pagar por las empresas interesadas, "con el consiguiente aumento irregular de edificabilidad", terrenos que no eran propiedad municipal o no generaban aprovechamiento al no estar desafectadas del uso público. Se trata de dos parcelas del Ministerio de Fomento, de una extensión de 4.532,36 y 423,84 metros cuadrados respectivamente y otra de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 20.484, así como otras dos dotacionales destinadas a viales de una extensión de 4.503 y 3.554 metros cuadrados, lo que hace un total de 33.497,20 metros cuadrados.
Cada unidad de aprovechamiento que se incrementó (de un total de 14.000) se valoró en 417,61 euros, lo que supuso un "beneficio" tanto para el Ayuntamiento como finalmente para los promotores interesados, dado que el suelo estaba destinado en un 40 por ciento a un uso residencial y un 60 por ciento a uso terciario de ocio y oficinas.
