La Comisión Provincial de Patrimonio ha rechazado la propuesta del Ayuntamiento de Granada de sellar las cuevas del Cerro de San Miguel, en el barrio del Sacromonte, con hormigón y regenerar el talud natural con una posterior hidrosiembra, al considerar que es una actuación "drástica" que no cumple las garantías de protección a las que está sometido este entorno.
La Comisión de Patrimonio abordó en su última sesión las propuestas municipales para la regeneración del Cerro de San Miguel, después de que el pasado marzo la entidad local procediera al desalojo de los moradores de varias cuevas alegando que corrían "peligro", dado el estado en que se encuentran estos espacios, y de que abogara por aplicar medidas más contundentes para evitar que sean reabiertos.
Concretamente, el Ayuntamiento de Granada ha propuesto dos soluciones, o bien cerrar las cuevas con hormigón o eliminar la protección ecológica y declarar el suelo como residencial, siendo ambas rechazas por la Comisión de Patrimonio, según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación de Cultura de la Junta en Granada, departamento que dirige Ana Gámez.
Respecto a la primera opción, advierten de que el cierre efectivo de cada cueva con hormigón en masa y la regeneración del talud natural con una posterior hidrosiembra es una actuación "drástica" que podría suponer la degradación del terreno y del paisaje, no cumpliendo las garantías de protección a las que está sometido el suelo, según se halla recogido en el Plan Albaicín, que lo contempla como suelo no urbanizable de especial protección ecológica.
La segunda opción, que implica eliminar la protección y declarar el suelo como residencial, tampoco se considera, puesto que carece "de una mínima argumentación que la sustente, no siendo la vocación de ese suelo residencial, por su ubicación y valores paisajísticos y ecológicos".
Respecto a la "exigencia" del Ayuntamiento de que Cultura inicie con urgencia las prospecciones y excavaciones arqueológicas necesarias, la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte ha subrayado que "la obligación de la intervención arqueológica recae legalmente en el promotor de la obra", en este caso el Consistorio, al que solicita que "se haga cargo de sus responsabilidades al respecto".
