El Ministerio de Hacienda ha rechazado el plan de ajuste de 12 ayuntamientos de la provincia de Granada, mientras que otros 41, pese a estar obligados a hacerlo, no lo han presentado por diversas razones, entre ellas por no haber contado con la mayoría necesaria para sacarlos adelante en los plenos municipales.      Según ha señalado en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, que el pasado lunes se reunió con representantes del Ministerio para defender los intereses de los municipios de la provincia "independientemente de su color político", ha informado de que el Gobierno prevé pagar antes del 31 de mayo a los proveedores, esté aprobado el plan de ajuste en el municipio o por Hacienda, una cantidad que supera los 315 millones de euros.      En la provincia de Granada, 79 ayuntamientos tienen aprobados sus planes de ajuste, 12 rechazados y 41 no los han remitido. Según el subdelegado, que no ha querido revelar el nombre de los municipios para preservar su "confidencialidad", la previsión del Gobierno es que estos 53 últimos ayuntamientos sufran la detracción de un 50 por ciento de la participación en los ingresos del Estado mensualmente, si bien el Ejecutivo está dispuesto a estudiar caso por caso en función de la situación económica de cada uno de los municipios porque, según ha reconocido el subdelegado, la medida les causaría un "gravísimo quebranto económico".      De hecho, según Pérez, Hacienda estudia rebajar las retenciones en un 25 por ciento en lugar de en un 50 y aumentar de 5 a 8 ó 10 años el periodo en el que los municipios tienen que devolver al Estado las cantidades aportadas para el pago a proveedores. Además, "como ha sobrado dinero", probablemente ponga en marcha una segunda convocatoria para que se sumen a ellas las Entidades Locales Autónomas, las Mancomunidades y aquellos ayuntamientos que se hayan quedado fuera de la primera.      El Gobierno también quiere dar un margen a aquellos ayuntamientos a los que se les detraerá sus impuestos y no comenzará hasta el mes de septiembre a hacerlo, para dejar abierta la posibilidad de que hagan los ajustes pertinentes para afrontar la situación, y en el mes de julio aprobará un nuevo decreto para abordar toda esta casuística y no generar "inseguridad jurídica"      En principio, "salvo casos extremos", Hacienda no intervendrá aquellos ayuntamientos sin el plan de ajuste aprobado, puesto que sería "una locura", según ha considerado Santiago Pérez, que ha indicado que "la idea del Gobierno es agotar todos los instrumentos a su alcance" para evitar esa medida extrema.