En plena pandemia, la Junta de Andalucía decidió ordenó el ascenso de los hospitales de la empresa J. M. Pascual, con instalaciones en Sanlúcar, El Puerto y Villamartín, a áreas de referencia para quince especialidades para catorce localidades. “Nos pareció un auténtico atropello”, recuerda en una reciente entrevista en INFORMACIÓN Jorge Rodríguez, alcalde de Trebujena y recién nombrado coordinador provincial de IU.

“Mi pueblo catalizó el aprecio de los ciudadanos a la sanidad pública ante este ataque privatizador y nos movilizamos con una marcha a pie histórica. Sacamos a 2.000 personas desde la localidad para dar un abrazo al hospital público de Jerez como gesto simbólico que hizo retroceder al Gobierno autonómico”, relató.

Pero advirtió que “no vamos a parar porque ahora mismo el proceso de privatización de la sanidad pública con el grupo J. M. Pascual sigue adelante”. Solo una semana después, la firma filtró que ha cerrado un acuerdo con el Gobierno autonómico para volver a concertar el hospital de San Rafael, que quedó fuera del último contrato firmado, en 2017, por un importe superior a los 382 millones de euros y que expiró hace un mes y medio.

Fuentes de la Delegación del Gobierno andaluz en Cádiz han declinado valorar el anuncio realizado por la empresa, sin que, en ningún caso, hayan desmentido la información.

Pepe Martínez Caño, representante de Autonomía Obrera en el Puerta del Mar, en la capital, no le sorprende la noticia y acusa al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de preparar el terreno para que la sanidad privada gane enteros. “Se están produciendo derivaciones masivas”, denuncia. “Hay un descenso de la actividad asistencial, una menor ocupación, en los centros públicos para deteriorar el servicio y favorecer el concierto con J. M. Pascual”, añade. Para los profesionales, asegura, no es una bicoca. Tanto en salarios como en seguridad laboral, pierden con el grupo privado, sostiene, frente a un sistema público que ofrece más garantías a los trabajadores. Por otra parte, asegura que se está jugando con la salud de los usuarios. “Hay listas de espera hasta de un año para la unidad del dolor”, pone de ejemplo.

Antonio Vergara, coordinador provincial de la Marea Blanca Gaditana, comparte argumentos e indignación. “Este es un paso más del desmantelamiento programado de la sanidad pública”, afirma, y apunta unos datos recientemente publicados por Sebastián Martín Recio, médico de familia y miembro de la coordinadora sevillana y regional del movimiento: Andalucía destinó 442 millones a la partida de conciertos en 2019, lo que supone el 4,1% del gasto en sanidad; el último periodo 2018/2019 ha tenido un aumento del 4,3%.

Asimismo, indica que el sector hospitalario privado representa más de la mitad (55,7%) de los hospitales y el 27,5% de las camas; y el 61% de los centros gozan de concierto. Vergara alerta de que este modelo es injusto e insolidario porque deja fuera del mismo a quienes carecen de recursos para poder costearse un seguro, privándoles de una atención universal y gratuita de calidad.

Andalucía no se rinde temía que la Junta de Andalucía ampliara el concierto con J. M. Pascual. José Ignacio García, parlamentario de la formación, señala que, con el objeto de abrir debate al respecto, el alcalde de Cádiz y diputado provincial, José María González, Kichi, defendió en el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz del pasado 21 de julio una moción que instaba a la Administración autonómica a derogar la normativa por la que se regulan las derivaciones de especialidades al ámbito privado; en segundo lugar, a que el SAS revierta los conciertos con empresas privadas en el ámbito de la sanidad, llevando a cabo las actuaciones necesarias para que en el menor tiempo posible esas inversiones y sus plantillas sirvan para reforzar la sanidad pública; y, finalmente, instando al SAS a llevar a cabo una auditoría en las subvenciones, contratos y conciertos que se han realizado en la sanidad en los últimos diez años.

Inmaculada Nieto, diputada autonómica de IU, recuerda, por su parte, que, tal y como denunció en junio del año pasado, a pesar que el Gobierno regional cuantifica en un total de 71,3 y en 75,6 millones de euros los adeudados para los ejercicios 2018 y 2019, la empresa cobró los 95,2 millones de euros por anualidad según lo estipulado en el contrato. Esto es así debido a que la contratación del SAS se lleva a cabo bajo la modalidad de disponibilidad asistencial, contando con los centros hospitalarios de forma integral ante la dificultad de calcular el número exacto de servicios que serán prestados. De modo que aunque las unidades de producto concertado consumidas no alcance el máximo presupuestado, no se puede llevar a cabo deducción alguna.

“Un 25% de lo que está ingresando J. M. Pascual de dinero público es a cambio de nada”, resume. Nieto avanza que solicitará la comparecencia del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en septiembre para que informe en detalle de los nuevos pliegos y la razón por la que se han retrasado. En este sentido, remarca que no hay contrato entre el SAS y los hospitales privados de la firma, pero se siguen derivando a usuarios. La última vez que la Junta se vio en una de estas con J. M. Pascual fue un auténtico dolor de cabeza para la Administración autonómica. Tras una denuncia del SAS, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía multó a la empresa con 5,3 millones de euros por “conductas anticompetitivas”, dado que aplicó precios abusivos entre 2014 y 2017 en los servicios prestados tanto en Cádiz como en Huelva, obteniendo millonarios beneficios. De hecho, a día de hoy, J. M. Pascual es la empresa que recibe más dinero público de la Junta anualmente.

“Nosotros tratamos de recortar los conciertos”, sostiene la secretaria de Organización PSOE Provincial de Cádiz y parlamentaria andaluza, Araceli Maese. “Construimos el hospital de La Línea, con una inversión de unos seis millones de euros, pusimos en funcionamiento el HARE de La Janda y recuperamos el hospital de San Carlos”, enumera.

“Somos partidarios -agrega- de reforzar la atención pública en San Fernando y Puerto Real”. Y lamenta el giro del PP con respecto a J. M. Pascual y el concierto de San Rafael. “Los populares llevaban en su programa electoral la construcción de un segundo centro hospitalario en Cádiz” en los terrenos de la antigua CASA, recuerda. “El propio presidente de la Junta se desplazó a la capital cuando era candidato con la pancarta que decía que Juanma lo haría”. Sin embargo, el PP entierra cualquier posibilidad de cumplir su promesa, al tiempo que anuncia un tercer hospital en Málaga.