Ecologistas en Acción se ha apuntado en solo quince días dos importantes victorias judiciales “para poner freno a la especulación urbanística”. “Con abogado de oficio”, remarca el responsable de la organización en la provincia, Juan Clavero, quien bromea: “Vamos aprendiendo”.
El pasado 19 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Chiclana, que contemplaba 17.000 nuevas viviendas, por la ausencia de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y “el empecinamiento del Ayuntamiento en sustituir este trámite fundamental por una Evaluación Ambiental (EIA) que, a pesar de lo que asegurara la Junta, no es lo mismo”.
El miércoles de la semana pasada, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia del TSJA de abril de 2018 que anuló el plan parcial del sector SL-1 de Valdevaqueros y tumbó, de esta manera, el proyecto de macrourbanización de Buildingcenter SA y la Junta de Compensación de 740.000 metros cuadrados junto a la playa y su famosa duna con 350 viviendas y 1.400 plazas hoteleras. Pero aún quedan frentes abiertos en El Puerto, Barbate y Tarifa, donde Ecologistas en Acción sopesa tomar medidas legales.
El Puerto: oposición a la construcción de 1.260 viviendas por Grupo Q en el Rancho Linares
El proyecto de Grupo Q en el Rancho Linares, en El Puerto, parte de una modificación del anterior PGOU aprobada por el PP en 2011 para recalificar los terrenos, que eran de uso industrial a residencial pero no se sometió a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), según denuncia Juan Clavero, que no descarta tomar acciones legales. El caso, indica, “es similar al del plan parcial del sector SL-1 de Valdevaqueros” que ha tumbado el Supremo de manera definitiva, agrega. Cuando en 2012 se aprobó el nuevo PGOU de El Puerto, se incluyó esta zona como suelo urbanizable ordenado, posibilitando la construcción de 1.260 viviendas. Este PGOU tampoco se sometió a EAE, remarca, por lo que ha sido anulado por el TSJA y recurrido por el Ayuntamiento “inútilmente”. Por otro lado, Ecologistas en Acción denunció el pasado 15 de mayo a la Policía Municipal que decenas de camiones vertieron escombros en la zona, convirtiendo este espacio forestal en un gigantesca vertedero ilegal. Los residuos procedían de las obras de la Residencia del Tiempo Libre, que también ejecuta Grupo Q. El Ayuntamiento de Cádiz paralizó la salida de más camiones y la Junta de Andalucía abrió expediente al confirmar que la empresa no contaba con la autorización del plan de gestión de residuos e incumplía en cualquier caso con lo previsto, dado que no podía trasladar los escombros a 30 kilómetros y, además, tendría que haber llevado a cabo la separación y el tratamiento de los residuos. “Ahora hay una montaña de escombros y hierros que no se pueden reutilizar”, explica.
Barbate: contra la prórroga para el desarrollo de proyectos que amenazan el pinar de La Breña
El portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, considera disparatada la modificación para reprogramar el suelo urbanizable del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Barbate porque, en la práctica, supone dar un nuevo plazo de 16 años para desarrollar proyectos de 1995, cuyo plazo de ejecución era de ocho años. Entre los proyectos que la organización califica de “demenciales” en una nota de prensa distribuida a los medios de comunicación recientemente están el proyecto hotelero y residencial junto al cabo de Trafalgar, “en una zona de altísimo valor paisajístico e histórico”; la colmatación de Caños de Meca con la urbanización de pinares y acebuchales “de alto valor ecológico”; y, finalmente, la construcción de 430 viviendas en el pinar de La Breña colindante con el puerto, emblema de Barbate y la provincia, que formaba parte del monte público Dunas de Barbate, propiedad del Estado, hasta que se segregó y vendió al Ayuntamiento para la ampliación de las instalaciones portuarias. “Tanto el Ayuntamiento como la Junta dicen que no es posible desclasificar esos suelos, tal y como pedimos, porque hay que indemnizar y es falso porque para que esto fuera así, se tendría que haber empezado el desarrollo y no se ha hecho, ha cadudalo la licencia”, advierte, al tiempo que apela al artículo 47 de la Constitución para justificar su recuperación. “Lo contrario es pura especulación”, concluye.
Tarifa Batalla del agua con Grupo Q e Inmosur y por la protección de Valdevaqueros y Los Lances
La puesta en exposición pública del proyecto de urbanización del estudio de detalle Unidad de Ejecución de la U.A. 1, promovido por Inmobiliaria del Sur, que prevé levantar un hotel para capacidad para 500 habitaciones en Tarifa, ha reabierto la guerra por el agua en Atlanterra. El movimiento vecinal y ecologistas advierten de que el desarrollo contempla un inviable Plan Especial de Infraestructuras de Abastecimiento que cubriría la demanda de este sector y también el SA-1 Cabo de Plata, donde la inmobiliaria Grupo Q proyecta desde el año 2008 la construcción de una macrourbanización, con hasta mil viviendas y un campo de golf. No hay capacidad de almacenamiento del pantano de Almodóvar, que es la opción elegida por FCC Aqualia para el abastecimiento. El verano pasado, los vecinos de la urbanización de Atlanterra y los residentes en las zonas rurales de Almarchal, La Tahona y La Zarzuela llevaron a cabo movilizaciones a mediados de julio por el escaso caudal de agua que llega a sus viviendas y los reiterados cortes de servicio por la saturación de las infraestructuras y los recursos disponibles. Por otro lado, Ecologistas en Acción solicitó al Ayuntamiento que proceda a la desclasificación de los suelos en Valdevaqueros y Los Lances y asegura que, si no se hace, presentará recursos como el que se hizo con éxito con el Plan Parcial de Valdevaqueros.
