La falta de concreción del plan de recuperación de la actividad económica apenas esbozado por el Gobierno de Pedro Sánchez y la falta de sensibilidad mostrada por la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Democrágico, Teresa Ribera, quien aseguró, en referencia a las dudas expresadas por comerciantes y hosteleros sobre las limitaciones con las que tendrían que lidiar, que “no hay obligación de abrir los comercios, quien no se sienta cómodo puede permanecer cerrado”, han generado confusión y preocupación.

“El Gobierno debe asumir que si rescata al turismo, rescatamos a España”, señala al respecto Stefaan de Clerk, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles, quien considera que “vamos tardísimo” y reclama al Ejecutivo que se aclare. De hecho, la patronal prepara un protocolo de seguridad e higiene para el futuro que remitirá a la Administración central para su aplicación en todo el territorio ante la ausencia de propuesta alguna por parte de las autoridades, porque saben que el sello de garantía será clave para ganar la confianza del cliente.

En cualquier caso, lamenta que “la desescalada propuesta es una barbaridad” porque, se pregunta, “si tenemos las fronteras cerradas y no hay visitantes extranjeros y si no se puede viajar entre provincias, ¿para quién abro el establecimiento, para la gente de mi barrio?”.

De Clerk advierte, además, que con un 30% de aforo permitido “no habrá ni para pagar luz y agua”. “No es cuestión de aforo, sino de espacios, de distanciamiento social”, aclara, y asegura que la principal preocupación que tiene el sector son los trabajadores y reclama flexibilidad en la incorporación de las plantillas tras la finalización de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) por el decreto del estado de alarma “o acabaremos en la ruina a los pocos días de volver a funcionar”.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas, apunta, en este sentido, que la recuperación de los negocios vinculados con el turismo, pero también con otras actividades del sector servicios, como el comercio, “no será en V”, si no de forma gradual, por lo que, considera, “se debe dar continuidad a los ERTE autorizados”, incluso propone que se elimine el requisito de mantener el nivel de empleo tras seis meses, como dicta la actual normativa.

Sánchez Rojas remarca que “la crisis sanitaria sigue siendo la prioridad”, pero, como De Clerck, considera “esencial saber exactamente en qué punto de partida vamos a afrontar” el día después “y los datos concretos de cómo se llevará a cabo la salida gradual del confinamiento”. La confusión no solo la sufren únicamente hostelería y restauración, motor económico de la provincia. La incertidumbre es general. “Necesitamos aclarar el detalle del cuándo y cómo se va a permitir operar” a otros sectores, afirma.

Sánchez Rojas defiende “un gran pacto para la provincia de Cádiz, la unidad de todas las fuerzas políticas, las instituciones y agentes sociales para poder armar un plan urgente, de rápida aplicación, evaluable, adaptable, sostenible en el tiempo, eficaz y, sobre todo, contundente y centrado en las empresas, protagonistas de la recuperación”.

“No puede haber fórmulas iguales para todos los sectores, los tamaños y las fórmulas productivas”, añade, al tiempo que cree que hay que hacer especiales esfuerzos para impulsar, además, del turismo, hostelería y comercio, grandes industrias y sector agroalimentario, así como la reactivación de los grandes proyectos estratégicos, de infraestructuras o ligados a fondos europeos, como la ITI.

Y agrega, finalmente, dos cuestiones más de suma importancia. En primer lugar, la necesidad de aplazar obligaciones fiscales y regulatorias y la adopción de medidas para apoyar a la liquidez. En segundo, llevar a cabo campañas de recuperación de la confianza de indicadores de consumo.

En este sentido, Javier Fernández, secretario técnico del Colegio de Economistas, advierte de “la huella psicológica” de la crisis sanitaria, por un lado, y de la pérdida de poder adquisitivo, por otro. De manera que no solo habrá que ofrecer seguridad para la salud a la hora de recuperar hábitos, apunta, sino que también habrá que apoyar con iniciativas como la que bajara el consejero de Turismo, bonos vacacionales de entre 200 y 500 euros para que las familias andaluces veraneen en la comunidad.

Anteponer la salud

Los máximos responsables provinciales de UGT y CCOO en Cádiz, Antonio Pavón y Lola Rodríguez, respectivamente, rehusaron detallar el plan de desescalada del Gobierno en rueda de prensa el miércoles pasado. No obstante, ambos coincidieron en que es necesario anteponer la salud y garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo. Rodríguez también apeló a la unidad de los agentes económicos y sociales de Cádiz para afrontar un tiempo nuevo garantizando que “nadie se quede atrás”.