“La investigación y sanción de la tortura policial sigue siendo un agujero negro que cae en la impunidad”, afirmó el director de AI España, Esteban Beltrán, con motivo de la presentación del informe España: sal en la herida, que recoge el estado de once procedimientos por denuncias de este tipo sobre los que la organización informó por primera vez en 2007.
De los once casos, sólo dos han concluido con una resolución condenatoria, mientras que seis fueron sobreseídos sin que llegase a celebrarse un juicio, dos continúan en fase de investigación y en el último, aunque se determinó que se había cometido tortura, los imputados fueron absueltos.
Para el director de AI, “esta impunidad de facto se basa en deficiencias estructurales”, que resumió en cuatro factores: la “falta de voluntad política de perseguir a los torturadores”, que los mismos Cuerpos que cometen el delito sean los que lo persiguen, la falta de colaboración de las Fuerzas de Seguridad para identificar a los agentes y las frecuentes “contradenuncias”.
Frente a esta situación, el informe elaborado por la organización humanitaria hace dos recomendaciones: crear un mecanismo independiente con facultad para investigar las denuncias contra miembros de las Fuerzas de Seguridad y suspender siempre del servicio a los agentes acusados de malos tratos mientras duren los procedimientos contra ellos.
Con esto, destacó Beltrán, se incidiría en la parte más problemática, las carencias de la investigación.
