El ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos ha sido condenado a dos años de cárcel y cuatro años de inhabilitación absoluta de cargo público por gastar con una tarjeta municipal 51.377 en dos clubes de alterne de Palma y en una casa de masajes de Madrid.
La sentencia afirma que de Santos es autor responsable de un delito continuado de malversación de caudales públicos, si bien tiene en cuenta dos circunstancias atenuantes: la devolución del dinero al Ayuntamiento y su adicción a la cocaína.
El condenado, para quien el Ministerio Fiscal solicitaba tres años y seis meses de prisión y ocho de inhabilitación, deberá hacerse cargo de las costas procesales.
El ex concejal en el pasado mandato municipal (2003-2007) fue declarado culpable hace unos días por un jurado popular, que consideró probado el gasto en beneficio propio de dinero municipal entre los años 2006 y 2007, al tiempo que negó el indulto y solicitó que ingrese en prisión.
Durante esos años, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma, realizó desembolsos con la tarjeta de crédito prevista para gastos de representación de la Empresa Municipal de Obras Públicas (EMOP) de Palma, de la que era presidente.
Estos desembolsos por valor de 51.377 euros se realizaron en los locales de alterne Casa Alfredo y Prometeo de Palma y en la sauna Sabiano Gómez Serrano de Madrid. Además, el ex edil gastó 1.825 euros en un hotel de Palma.
Ninguno de los cargos en los clubes de alterne fueron superiores a los 4.000 euros. El condenado declaró durante el juicio que el gasto realizado con la tarjeta de crédito lo destinó a comprar droga y no servicios sexuales.
Sin embargo, el dueño de Casa Alfredo negó que en su local se vendiera droga y mantuvo que los gastos del ex concejal se debían a que pasaba “horas y horas” en el local con diferentes jóvenes de compañía.
El magistrado presidente del tribunal, Carlos Izquierdo, afirma que de Santos reintegró en marzo del año pasado a las arcas municipales 50.804 euros, cantidad que inicialmente la Fiscalía estimaba que utilizó.
En su día, el ex edil remitió a la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, una carta en la que reconocía estos gastos y que los mismos se debían a un error, por lo que quedaba a su disposición para su devolución. La sentencia también considera probado que el condenado ha pedido públicamente perdón públicamente a través de los medios de comunicación por su comportamiento.