Alonso puntualizó que los populares tienen “unos cuantos casos” de tránsfugas en la Comunidad Valenciana y en Galicia.
Todo ello lo dijo el número uno del grupo socialista durante una conferencia de prensa celebrada en el Congreso y tras ser preguntado por unas palabras del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, quien indicó que su partido expulsará a los concejales populares que apoyen la moción de censura contra la alcaldesa socialista del municipio pontevedrés de Silleda.
posible cambio en la localidad
El posible cambio de regidor en esta localidad gallega podría convertirse en el siguiente al acaecido esta semana en Benidorm (Alicante), cuyo alcalde, del Partido Popular, dejó el cargo en manos de un concejal expulsado del Partido Socialista, al igual que todos los que, siendo miembros de la organización, apoyaron la iniciativa –entre ellos la madre de Leire Pajín–.
Alonso subrayó que la clase política no puede tolerar “espectáculos de transfuguismo”, puesto que son “malos para la concepción de la democracia y malos para el funcionamiento de las instituciones” en que tienen lugar, en la mayoría de los casos ayuntamientos.
Abogó, por tanto, por un cumplimiento “firme y decidido” del Pacto Antitransfuguismo, algo en lo que el Partido Socialisa Obrero Español (PSOE), a su juicio, “se aplica el cuento”.
caamaño
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó ayer en el programa de TVE 59 segundos que “no hay una reacción legal posible” ante las situaciones de transfuguismo en las instituciones porque “esa reacción sería, probablemente, inconstitucional”.
Según Caamaño, el PSOE, en el caso de transfuguismo de Benidorm, ha cumplido “una vez más” con el Pacto Antitransfuguismo, ya que “ha expulsado a quienes en contra de ese pacto han actuado”.
El ministro explicó que el escaño o acta de concejal pertenece a la persona elegida por los ciudadanos; que la Constitución recoge este precepto como derecho fundamental, lo que implica, ha agregado, “que es difícilmente compatible a veces con el comportamiento de algunas personas, pero sobre todo con la lógica de partidos”. Sin embargo, el titular de Justicia se mostró convencido de que “se puede avanzar” en la lucha contra el transfuguismo con la ley en la mano, aunque refirió que “no es cuestión de establecer un delito penal en una cuestión de esta naturaleza, porque iría en contra directamente de la Constitución”.