Desde la dirección del PP nacional –que ordenó a sus consejeros autonómicos que no votaran en contra del modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino que se abstuvieran–, se explicó que esa indicación estaba justificada “por coherencia”.
Así lo dijo la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, quien apuntó que las autonomías populares tenían que “coger el dinero” para financiar sus servicios públicos “les gustara o no”.
Cristóbal Montoro, responsable de Economía del PP, aseguró que si su partido llega a la Moncloa “anunciará” un modelo de financiación con “nuevas premisas de prosperidad” y, mientras, el grupo popular en el Congreso pedirá que la Diputación Permanente debata una comparecencia urgente de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, para explicar el sistema a la Cámara.
Desde las comunidades populares, el gallego Alberto Núñez Feijóo, calificó el modelo de “injusto e insolidario”, pero precisó que Galicia no puede prescindir de “una partida clave para sus financias en tiempo de crisis”.
“Galicia no podía perder dos veces: con un mal modelo y renunciando a más de 600 millones”.
Otro presidente del PP, el de La Rioja, Pedro Sanz, exigió “un pacto de Estado para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los españoles”, desde el convencimiento de que habrá que “reformar” el nuevo sistema, que es “totalmente injusto” y sólo busca “el enfrentamiento y la discriminación entre comunidades”.
Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León, negó que recibiera “ningún tipo de instrucción” del PP para votar y aseguró que su comunidad se abstuvo por responsabilidad, velando por sus intereses, porque es “de sentido común aprovechar los mayores recursos” que se ofrecen, aunque se puedan mejorar.
El vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, avisó de que no está dicha “la última palabra”, reiteró que el acuerdo “no responde a las expectativas” de su comunidad e indicó que es “el modelo de las lentejas: si quieres las coges y si no las dejas”.
Y mientras, continúa el cruce de reproches en Barcelona entre el tripartito y la oposición; incluso el conseller de Economía, Antoni Castells, acusó a CiU de automarginarse del acuerdo por un “tacticismo desaforado”.
Castells reclamó a la dirección de CiU que recupere su tradición “pactista” y la invitó a que comparta “lo que es un éxito de país”.
