La presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los acusados de intentar reconstruir Batasuna a través de Bateragune, Ángela Murillo, preguntó ayer a una de las acusadas, que había abogado por dejar de lado “la violencia política”, si cree que “un tiro en la nuca” es violencia política.

Fue al término de la declaración de Miren Zabaleta -hija del coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta- y poco después de que la procesada asegurara que “lo más innovador” de la nueva estrategia de la izquierda abertzale era la apuesta por “dejar de lado la violencia política” y superar así la situación del “conflicto en Euskal Herria”.

“Usted se ha manifestado contraria a la violencia política ¿Qué es la violencia política? ¿Un tiro en la nuca es violencia política?”, preguntó entonces Murillo.

La procesada respondió diciendo que, en el País Vasco, la violencia “ha estado motivada por causas políticas” y añadió: “Pero puedo llamarle violencia sin ningún calificativo. No hace falta ponerle adjetivos, no me parece relevante esa coletilla. Si quiere, la quito y así no da margen para una utilización tergiversada”.

“Cuando digo que la izquierda abertzale apuesta por vías exclusivamente pacíficas lo que digo es que hace una apuesta por que no se utilice ningún tipo de violencia. Y me da igual el adjetivo que se pueda poner”, concluyó Zabaleta.

Durante su declaración, la acusada dijo que “lo más innovador” del debate en el seno de la izquierda abertzale “era la tesis de que lo que tenía que cambiar no era tanto la actitud de Estado y de otros estamentos (...), sino que empezaba por cambiar la propia estrategia de la izquierda abertzale y dejar de lado la violencia política para dar pie a un cambio en nuestro país”.

Zabaleta explicó que fue el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi quien le trasladó las nuevas claves del debate, unas tesis que le convencieron porque, dijo, la izquierda abertzale “no conseguía sacar todo el partido necesario como proyecto de izquierdas y de liberación nacional”.

El fiscal acusa a Serra de haber participado en varias reuniones en la sede del sindicato LAB en San Sebastián con el resto de acusados entre junio y agosto de 2009, lo que negó el acusado, que reconoció que acudió a esa sede “sencillamente” para ver “si había posibilidad de trabajar allí”.