El Ministerio de Justicia y ocho Comunidades Autónomas, ninguna de ellas gobernada por el PP, firmaron ayer el convenio para la elaboración del Mapa Integrado de Fosas de la Guerra Civil y la represión franquista previsto en la Ley de la Memoria Histórica.

Los representantes de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y País Vasco han sellado un acuerdo con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que permitirá atender la demanda de miles de ciudadanos que ignoran el paradero de sus familiares desaparecidos.

El mapa de fosas, que estará disponible en Internet para cualquier ciudadano que quiera consultarlo, creará una base de datos uniforme, con información sobre la ubicación del enterramiento, sus características y las intervenciones que se han realizado a lo largo del tiempo.

El registro aportará también los nombres y apellidos de las personas enterradas en cada una de las fosas, si es que ya hubieran sido identificadas.

En rueda de prensa tras la firma del convenio, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró que el mapa de fosas es una “cartografía de nuestra historia colectiva” que servirá de reflexión para que los españoles puedan “mirar limpiamente hacia el futuro”.

“Mapas como éste ayudarán a que la historia no se repita”, subrayó Caamaño que se felicitó de la lealtad institucional y la cooperación demostrada por las CCAA firmantes del convenio.

El titular de Justicia restó importancia a la ausencia en este convenio de comunidades gobernadas por el PP, a las que animó a sumarse al acuerdo y aseguró que hay gobiernos autonómicos dirigidos por los populares que también están trabajando en la elaboración del mapa de fosas.

“Se trata de un proyecto abierto”, dijo Caamaño, que reconoció que unas CCAA están “más avanzadas que otras” aunque la intención del Ministerio de Justicia es que el mapa de enterramientos cubra toda el territorio nacional.

El ministro de Justicia ha aprovechado para destacar el grado de cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007 y por la que ya se ha concedido la nacionalidad española a 74.000 descendientes de exiliados y a 25 miembros de las Brigadas Internacionales.

Además, el Ministerio de Justicia ha emitido ya 437 declaraciones individuales de reconocimiento y reparación personal de los daños causados por la Guerra Civil y el Franquismo.

Según sus datos, el Estado ha destinado 14 millones de euros a proyectos relacionados con la Memoria Histórica, de los que un 27% fueron para la localización de fosas y la exhumación de los restos de los represaliados.

En nombre de los representantes autonómicos, la consejera aragonesa de Educación, Cultura y Deporte, María Victoria Broto, ha destacado que el objetivo de este convenio es “hacer justicia” con las familias de los represaliados de la Guerra Civil y la dictadura.

El convenio pretende “recuperar nuestra historia”, señaló Broto, quien consideró que “una sociedad verdaderamente reconciliada no puede construirse desde el olvido, sino desde la memoria y el perdón”.

A su juicio, la sociedad española tenía la “obligación moral” de poner a disposición de las familias que quieren recuperar a sus seres queridos el trabajo realizado por asociaciones, ayuntamientos y comunidades autónomas.