El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón procesó hoy por un delito de pertenencia a organización terrorista al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, el ex secretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga y a otros seis dirigentes de la izquierda abertzale por impulsar el proyecto político de 'Bateragune (Todos juntos)', con el que pretendían crear "un referente político" que pudiera concurrir a las elecciones municipales y forales de 2011.

El magistrado ha dejado fuera del procesamiento a Rufino Etxeberria al considerar que no existen suficientes indicios en su contra. El resto de los procesados son Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto, Amaia Esnal, José Luis Moreno y José Manuel Serra. Todos ellos fueron detenidos el pasado 13 de octubre por orden de Garzón y cinco, entre ellos Otegi y Díez Usabiaga, ingresaron en prisión tres días después tras declarar ante el juez.

El juez destaca que los ocho pretendían "crear un bloque para el desarrollo de una estrategia soberanista" que diera forma a la "estrategia político-militar" de ETA creando un nuevo referente político institucional que sucediera a Batasuna y cuya constitución estaba prevista para la primavera de 2010. Según explica el auto, los indicios acumulados en la investigación apuntan a que el proyecto --"dirigido por ETA desde el principio hasta el final"-- estaba próximo a materializarse cuando se produjo la intervención policial y judicial, en octubre de 2009.

Garzón acusa a los imputados de desarrollar "una estrategia de combinación de votos y bombas" que se ponía en marcha al dictado de la "organización" y que incluía la utilización de "parones en la lucha armada".

Treguas
En su auto, concreta que una de las actividades desarrolladas por Otegi era "conseguir treguas encubiertas para 'Euskal Herria' de ETA (...) para facilitar los contactos y aproximaciones con formaciones o agentes políticos y sociales soberanistas o independentistas que se muestren contrarios a la violencia y que exijan su cese como requisito para continuar, si bien la actividad violenta continúa en el resto de España".

El magistrado refleja en su escrito un seguimiento de las acciones terroristas de ETA que, según dice, evidencian que entre el 24 de abril de 2009 y el 7 de junio de 2009 ETA no llevó a cabo acción terrorista alguna en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra --"es decir lo que se considera Eukal Herria", explica Garzón-- pero sí lo hizo en la localidad de Guriezo (Cantabria) "en lo que se considera como 'España', colocando un artefacto explosivo contra un repetidor de telecomunicaciones, el 6 de mayo de 2009.

Después de la señalada fecha de junio y hasta el momento en que se produjo la detención de Otegi, la banda terrorista asesinó el día 19 de eses mismo mes en Arrigorriaga (Vizcaya) al inspector de policía Eduardo Antonio Puelles, colocó en julio un potente artefacto explosivo oculto en una furgoneta en la casa-cuartel de la guardia civil de Burgos, asesinó en Calvia (Mallorca) a los guardia civiles Diego Salva y Carlos Saez de Tejada y colocó cuatro artefactos explosivos en tres locales de hostelería y unas galerías comerciales de Palma de Mallorca, que explosionaron en agosto, recuerda el juez.

Política
El juez examina los actos y convocatorias celebrados por 'Bateragune' hasta octubre de 2008 se puede llegar a la conclusión de que los procesados constituyen un grupo que actuaba "en el entramado del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), donde asumía las "funciones de dirección política" en una estrategia "de combinación criminal de votos y bombas".

La existencia de este "referente institucional" de ETA queda acreditada en diversa documentación incautada a la banda, entre la que figura el documento aprehendido en abril de 2009 al que se considera último ideólogo de la banda, Ekaitz Sirvent.

Este documento, denominado 'Herri Antolotuaren Estrategia Independentista Bateranz', apostaba por formar "una alianza estratégica nacional que colaborara en la presión para forzar al Estado español a asumir un nuevo proceso de negociación y que, una vez abierto, impusiera el reconocimiento del derecho de autodeterminación".

Sirvent destacaba que ETA ponía su "fuerza armada" al servicio de "una alianza nacional" que condujera a la constitución de una "Nación Organizada" de la que se excluiría al PNV. "Lo primero es romper la falsa dependencia que tienen algunos para con las acciones armadas de ETA. En especial EA, Aralar, AB y ELA. La organización les hace un llamamiento para que se integren en el espacio de lucha que supone Nación Organizada. Tiene que dar pasos en la confrontación Euskal Herria-Estado", señalaba.