¿Desesperación económica? ¿Defensa a ultranza de un proyecto personal del alcalde? ¿Intención de obligar a la adjudicataria a continuar con el proyecto en los terrenos de Repsol pese a los procesos jurídicos vigentes?
Son algunas preguntas que surgen tras el anuncio de la operación de venta de los antiguos terrenos de Repsol que reactivará el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y que supone la formalización de adjudicación de la mesa de contratación celebrada el 31 de marzo de 2023 a favor de Urbania RS Joint Venture S.L y Urbania New Project sobre los antiguos terrenos donde se defiende la realización de una zona verde integral, bajo el nombre de bosque urbano de Málaga, sin otro tipo de edificaciones comerciales o residenciales.
Un trámite que llega tras satisfacer la Gerencia aclaraciones solicitadas por los adjudicatarios de la enajenación de estas parcelas del sector Repsol relacionadas con el hecho de que la transformación urbanística de las parcelas -solo las cinco que fueron objeto de licitación- quedó en suspenso con carácter temporal y hasta tanto exista pronunciamiento judicial firme en el procedimiento que se sigue a instancias de la Plataforma Bosque Urbano Málaga.
Los adjudicatarios, antes de proceder a la adjudicación formal de los suelos, exigían conocer aspectos relativos a la participación de la actividad de ejecución del sector y de los gastos de urbanización.
Ahora, los servicios jurídicos de la GMU han aclarado que, si se formaliza el contrato objeto de la licitación, las mercantiles interesadas se incorporarán a la Junta de Compensación del Sector SUNC-O-LO.17 ‘Repsol’ con la asunción de los derechos y obligaciones, establecidos en las Bases y Estatutos aprobados, como cualquier otro propietario.
También se indica a los adjudicatarios que, en cuanto a los gastos suplidos por el Ayuntamiento en concepto de inscripción del Proyecto de Reparcelación y obras de urbanización ejecutadas, han de ser abonados con carácter previo a la formalización del contrato objeto de la licitación.
Urbanismo entiende que la transformación urbanística del sector (el proyecto de urbanización) no resulta afectada por el procedimiento judicial que se sigue a instancia, que está en trámite administrativo para su aprobación definitiva, ni el resto de la tramitación administrativa a efectos de licencia de edificación y construcción, cuando se solicite la pertinente licencia, del resto de parcelas edificables.
Defensa a ultranza del alcalde sobre el proyecto constructivo
Mientras tanto, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, incidió este martes en la importancia para la ciudad de que este proyecto salga adelante: "Es un tema de interés general de la ciudad".
De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas por el movimiento en relación con el proyecto en los antiguos suelos de Repsol, ha insistido en que "es un tema importante para la ciudad que salga adelante, no por el tema económico, a lo mejor, de lo que corresponda el recibir al Ayuntamiento o corresponda a Sareb".
"No se trata de ese tema económico, sino de la importancia para la ciudad de contar con un parque que no nos costaría hacerlo, lo haría la propia junta de compensación, de casi 80.000 metros cuadrados; de contar con un suelo para 400 VPO; y contar también con más de 40.000 metros cuadrados de oficinas, que vendría muy bien también para que los trabajadores que desarrollen ahí su actividad, tengan la cercanía de la ciudad", ha explicado el regidor.
A juicio de De la Torre, "es importante que todo esto salga adelante y la Gerencia lo que está es cumpliendo los calendarios y lo que esté previsto". "Va al Consejo Rector, lo que hará luego es pasarle comunicación a Urbania de lo que se apruebe en el Consejo y a esperar acontecimientos", ha señalado.
BUM lamenta la “desesperación” del alcalde
Sin embargo, el portavoz de la plataforma BUM, Pedro Luis Sánchez, indicó a Viva Málaga que este movimiento del Ayuntamiento y de De la Torre, “obligando a Urbania prácticamente a aceptar las condiciones y a imponerle una sanción de 1.300.000 euros”, lo que refleja es “su desesperación para sacar adelante un proyecto que entendemos que es casi personal suyo, pero que va en contra de lo que necesita la ciudad de Málaga”.
Para el portavoz de Bosque Urbano Málaga efectivamente el desarrollo de los antiguos terrenos de Repsol es “un proyecto capital y un proyecto muy importante para la ciudad”, pero con la totalidad ocupada por un espacio verde, un desarrollo que “va totalmente en contra de lo que pretende el equipo de gobierno” del Partido Popular.
A Sánchez, le “sorprende” que el alcalde, que “es una persona que siempre ha defendido la seguridad jurídica por encima de todo, ponga a Urbania en la tesitura de aceptar un proyecto que ahora mismo tiene muchas dudas jurídicas, que le obliga a aceptar ese proyecto o si no le obliga a pagar una sanción de 1.3 millones de euros”, por lo que le surge una pregunta: “¿Cómo van a reaccionar el resto de inversores que pueden ver cómo el Ayuntamiento de Málaga quiere conseguir y hacer caja a cualquier precio sin tener en cuenta un tema tan importante como la seguridad jurídica y un tema tan importante como es que los inversores se sientan seguros a la hora de invertir en Málaga?”
Para el portavoz de BUM, no obstante, el paso que se va a dar “no cambia nada”, ya que entendían que “este movimiento del equipo de gobierno del Ayuntamiento y de Paco de la Torre podía llegar y para nosotros todo queda supeditado a que se resuelva el proceso judicial y estamos convencidos que vamos a ganarlo porque lo que estamos pidiendo es que se vuelva a la calificación de una gran zona verde para esos terrenos como estaba reflejado el Plan General del 83”.
Aunque eso sí, puede traer la presentación de otro proceso contencioso administrativo contra este proyecto de urbanización.
Con Málaga muestra su oposición
Mientras tanto, la portavoz del grupo municipal Con Málaga, tras conocer que el equipo de gobierno va a trasladar a la GMU la formalización de la adjudicación de la venta de los antiguos terrenos de Repsol, ha exigido al alcalde que la “paralice”.
Para Toni Morillas, la operación que pretende activar en el consejo rector de la GMU de este jueves puede acabar consolidando derechos y siendo lesivo para las arcas municipales”, por lo que anunció que “vamos a exigir toda la documentación del acuerdo para conocerlo a fondo y pedimos al alcalde que atienda la demanda ciudadana para que, en lugar de rascacielos, se promueva un gran bosque urbano”.
Morillas es tajante al afirmar que “no estamos ante un desbloqueo de la venta de los terrenos de Repsol, es un nuevo intento del equipo de gobierno del PP para bloquear la posibilidad de que haya un gran bosque urbano como demandan los más de 30.000 vecinos y vecinas que firmaron para solicitar un gran pulmón verde en una de las zonas más densamente pobladas de Europa”.
La también coordinadora provincial de Izquierda Unida, considera que “estando judicializado el procedimiento, esta venta puede resultar lesiva para la ciudad, genera una gran inseguridad. El equipo de gobierno del PP pretende meter en un cajón el dinero resultante de esos 66 millones de la venta para no usarlos y someter al ayuntamiento si,tal y como esperamos, prospera y gana la demanda de la plataforma ciudadana, a acabar teniendo que indemnizar con ingentes cantidades de dinero público a Urbania”.
Otra alarma a la que se refiere Morillas es que el equipo de gobierno del PP “colocó a un ex directivo de Urbania en la estructura directiva de la GMU” lo que le lleva a preguntarse “qué acuerdo existe, cuáles son los intereses económicos que detrás de la operación y si ha intervenido el señor Víctor Troyano, ex directivo de Urbania, en el proceso de negociación de la adjudicación. Hay algo que huele muy mal en esta adjudicación de ventas de los terrenos de Repsol”.
