Cinco familias del barrio de La Trinidad se enfrentan a un posible desalojo tras recibir un requerimiento de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para abandonar sus hogares en la calle Jara 35. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga ha alzado la voz en defensa de estas familias, destacando la falta de transparencia y claridad en las acciones de AVRA.

Curro Machuca, representante del sindicato, señaló en una rueda de prensa la importancia de abordar este asunto de manera justa y transparente, resaltando la necesidad de explicitar los hechos y las inconsistencias en el proceso. Las familias afectadas, representadas por Rosi Santiago, Pilar Zurita, Concepción Santiago y Ana María Carnero, recibieron el 21 de mayo de 2024 un aviso de extinción de contrato por parte de AVRA, con la fecha límite de entrega de llaves fijada para el 20 de junio.

Según el comunicado de AVRA, los contratos de arrendamiento, vigentes desde 1999, no serían renovados debido a la supuesta falta de condiciones que inicialmente motivaron la adjudicación. Sin embargo, el sindicato destaca que en ningún momento se verificó si dichas condiciones seguían cumpliéndose, generando dudas sobre la legitimidad del proceso.

Minetras tanto, desde la Junta de Andalucía se ha indicado a Viva Málaga que AVRA "tiene la obligación de velar por la función social de su parque público", para lo cual, realiza un registro y control rutinario de las viviendas. Así, aseguran que las cinco cartas enviadas forman parte de ese proceso, ya que en en ellas se requiere conocer la situación de cada vivienda y sus inquilinos, lo que consideran "un procedimiento habitual dentro del parque de viviendas". Así, han recalcado que "esta carta forma parte de un proceso en el que también se implica a las asociaciones del barrio o los servicios sociales municipales". 

El 21 de junio, agentes de la Policía Nacional adscritos a la Junta de Andalucía entregaron a tres de las familias un nuevo requerimiento para presentar documentación adicional, lo cual fue la primera solicitud de este tipo recibida por los vecinos. Este hecho, según Machuca, subraya la falta de transparencia y la cuestionable actuación de AVRA.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos denuncia que la agencia pública pretende desalojar a estas cinco familias sin motivo claro, en un contexto donde la crisis habitacional en Málaga es cada vez más grave. Machuca señala la contradicción de que AVRA, una entidad pública, esté impulsando desalojos mientras se vende patrimonio público a fondos de inversión para proyectos turísticos, exacerbando la situación de emergencia habitacional en la ciudad.

Sin embargo, desde la Junta de Andalucía insisten en que cuando está próximo de finalizar el contrato de alquiler, se hace esta consulta, ya que con el paso del tiempo a veces cambian las circunstancias de los inquilinos, "bien porque ya no viven allí los titulares del contrato o porque sus condiciones económicas han mejorado". Por ello, inciden en que "hay que velar por la función social del parque público, tanto de los inquilinos actuales como de los que están a la espera de optar por una de estas viviendas sociales". 

Desde la Junta de se asegura que "hemos mantenido reuniones y vamos a seguir manteniéndolas para conocer la realidad de esos inmuebles", mientras que "estamos a la espera de que los residentes entreguen la documentación acreditativa de su situación socioeconómica para, de esta manera, justificar la renovación de los mismos". Así, si las condiciones continúan, "se prorrogará el contrato con total normalidad". De hecho, señalaron que "AVRA da facilidades, como no puede ser de otro modo, y siempre velará por el derecho a una vivienda digna de las familias de la zona. Y estamos seguro de que es lo que va a pasar con estas cinco familias". 

Las vecinas afectadas, en su declaración conjunta, hicieron un emotivo llamado a la comunidad y a las autoridades para que se tenga en cuenta su situación. Rosi Santiago expresó la angustia de ser desalojados de un barrio que aman, recordando la rica vida comunitaria de La Trinidad y su importancia cultural para Málaga. Las familias piden que AVRA se siente a negociar y prorrogue sus contratos de alquiler, permitiéndoles permanecer en sus hogares.

La situación sigue siendo tensa y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga está dispuesto a continuar la lucha para garantizar que estas familias no sean injustamente desalojadas.

Las fuentes del ejecutivo andalñuz han señalado que "AVRA tiene un compromiso con los barrios de Málaga y, por supuesto, con la Trinidad, donde contamos con 900 viviendas públicas. Y prueba de ello no es que en los últimos años hemos invertido tres millones de euros en obras de conservación y mantenimiento".