“No dar la espalda” a los autónomos y pymes. Esta es la petición de Salvador Pérez, presidente de Málaga Comercio, ante el decreto de ahorro energético del Gobierno que obliga a comercios, bares, centros comerciales o los cines a cambiar sus puertas por unas automáticas o brazos de apertura que no dejen escapar el frío ni el calor de los aires acondicionados.

Desde su aprobación, tan solo el 10 por ciento de los locales en España se han adaptado a la norma, según datos de la patronal. Este bajo número tiene una explicación, el pequeño y mediano comercio “no tiene dinero, tiene deudas”, tras dos años castigados por las bajas ventas de la pandemia y ahora por la inflación. “El comercio no ha levantado cabeza”, lamenta Pérez, quien recuerda que hay un porcentaje de comerciantes que “aún tiene préstamos ICO, que tienen que devolverlos, que tienen que pagar salarios, la subida de los alquileres”, entre un largo etcétera.

Se estima que los establecimientos tienen que hacer una inversión mínima de 3.000 euros para adaptar la puerta “si todo va bien, pero si hay que hacer reforma se puede ir a 7.000 o 10.000 euros”, cuenta el presidente. Además, hay casos en los que la “idiosincrasia” de pequeños locales “no lo permite por el espacio”, pone de ejemplo. Unos precios “desorbitados” que “endeudarían” a pequeños y medianos comercios y la economía “no está para muchas tonterías”. Si no llegan ayudas, un número importante de locales “tendrán que cerrar y otros tendrán que jugársela a ver cuándo les viene la sanción”, porque, insiste, “no es un capricho ni ir en contra de lo que me han dicho, es que no puedo”.

Lo que también preocupa a la Federación provincial es el peligro que podrían correr “muchos” puestos de trabajo. En la provincia de Málaga hay unos 30.000 comerciantes, “si hacemos una media de cuatro o cinco trabajadores por 30.000, son muchos puestos de trabajo”. Pide “flexibilidad” y “ayudas” para no acabar en la ruina con multas que podrían llegar hasta los 60.000 euros.

“Los grandes comercios y cadenas no tienen este problema, la mayoría ya tenían este tipo de puertas. A la hora de ir a un banco, si la cosa está muy apretada, no te dan el dinero, mientras que a una gran compañía sí se lo dan, porque tiene recursos”, concluye Pérez.

A principios de octubre, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se comprometió a ser “flexible” y a no sancionar de momento a los comercios que no se hayan adaptado para cumplir con el decreto del pasado mes de agosto. También garantizó ayudas directas desde el Gobierno. “Siempre hemos dicho que el plan de ahorro es importante que lo vayamos desplegando, pero vamos a ser consecuentes con los tiempos que necesitan para adaptarse y vamos a aprobar unas ayudas directas, unas subvenciones para que puedan acometer estas mejoras”, sostuvo Maroto.