Durante una comparecencia en el Congreso, Camacho recordó que la calificación inicial de la falta cometida por los nueve efectivos fue de grave pero después se demostró que éstos no cortaron el tráfico ni provocaron incidentes, por lo que la resolución final rebajó hasta leve la categoría de la misma que, finalmente preescribió al haberse sobrepasado el plazo para su resolución.
En su intervención, el responsable de seguridad también descartó que la actuación contra estos policías no se hubieran aplicado las garantías propias de un expediente disciplinario o se hubiera adoptado actuaciones de forma poco reflexiva o lógica.
Sin embargo, para el diputado del PP Aurelio Sánchez Ramos, el Gobierno adoptó una política "sumisa" con Gibraltar, quien habría ordenado retirar a los manifestantes de la carretera de entrada y tuvo una "actitud injustificable y antidemocrática con los sindicalistas". "Se les trató como si fueran delincuentes peligrosos", añadió.
