Incautadas 30 toneladas de cobre en la provincia el pasado año

Publicado: 11/04/2016
El material intervenido tendría hoy un valor en el mercado de más de 120.000 euros
El cobre es un negocio lucrativo. Al cierre de los mercados de metales, el cobre se cotizaba a 4.048 euros la tonelada. Presente en instalaciones eléctricas, infraestructuras públicas, almacenes e industrias, el cobre está a la mano. Por eso, la apropiación y comercialización ilegal es un problema que moviliza importantes recursos de las fuerzas de seguridad del Estado.


Durante 2015, Policía Nacional y Guardia Civil han detenido a 37 personas en la provincia de Cádiz como consecuencia de la explotación irregular de este metal. Se han incautado 30 toneladas de este material, una cantidad que, si cotizara en el mercado de materias primas, equivaldría a un valor económico de más de 120.000 euros.


La provincia ha sido además escenario de una de las 10 operaciones más importantes del Estado con el cobre robado y la más importante de nuestra comunidad autónoma: la Operación Electrike, que se saldó con 12 detenciones en la provincia por robar cobre en explotaciones agrícolas eindustriales ubicadas en Jerez, según informa el Ministerio del Interior.


Pese a eso, la provincia de Cádiz no es la que más detenidos ha tenido en 2015 por este asunto. Sevilla encabeza la lista de provincias andaluzas con 46 detenciones y casi 178 toneladas de material.
En Andalucía, los detenidos han sido 176 y el total de material intervenido ha sido de 408 toneladas.
En el conjunto del país, el 2015, 1.024 personas en todo el país como consecuencia de la explotación irregular de este metal. El montante de cobre incautado a nivel nacional fue de más de 2.500 toneladas. Una cantidad que, si estuviera en el mercado de materias primas, equivaldría a un valor económico de 10,12 millones de euros.

Plan de respuesta nacional
Sin embargo, este problema no es aislado. Por eso, el Ministerio del Interior informa de la puesta en marcha deun plan de respuesta al robo de cobre en el que se “contempla una respuesta policial coordinada para evitar la aparición o consolidación de organizaciones dedicadas a la apropiación, comercio o cualquier actividad ilegal relacionada con el cobre”.

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