Semana complicada para la exalcaldesa María José García-Pelayo. Apenas 48 horas de conocerse que el Supremo  le ha abierto causa por presunta prevaricación y falsedad documental en el ‘caso Gürtel’, ahora la Fiscalía le pide una inhabilitación de “al menos” cinco años para “habilitar bienes” por el rescate del servicio de autobuses urbanos en mayo de 2012.


En el auto de Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, el fiscal declara el concurso voluntario de Amarillos Andalucia SLU y Los Amarillos SL “culpable” de la “grave insolvencia” de la compañía de transporte sevillana y anterior concesionaria del transporte de autobuses en Jerez después de que el Ayuntamiento rescatara el servicio en mayo de 2012 y dos años más tarde rescindiera el contrato, pasando a gestionar directamente el servicio a través de la sociedad municipal Comujesa


En el escrito, en el que el fiscal señala también a dos funcionarios, el Ministerio Público argumenta su petición en el informe del administrador concursal, que apunta que “el estado de la insolvencia actual de Urbanos ofrece un déficit  de 4.187.109,86 euros”.


Asimismo, el fiscal subraya también el “aumento considerable”  del endeudamiento de la empresa concursada con entidades financieras a largo plazo, cuyo “rendimiento negativo” era de 316.000 euros en el ejercicio 2011 frente a los 2,2 millones de 2013.


En el auto, la Fiscalía señala que Servicios Urbanos Amarillos SLU “se constituyó solo para lograr y gestionar la concesión del transporte urbano” y, se remite al informe del administrador concursal para resaltar que  “apenas un año tras esta concesión el Ayuntamiento la secuestra y dos años después rescinde el contrato y presta directamente el servicio a través de Comujesa, pero con los bienes y derechos de la concursa Servicios Urbanos Amarillos”.


Hay que recordar que el pasado mes de marzo se archivó la querella interpuesta por la concesionaria por el secuestro del servicio contra cuatro concejales del PP, entre ellos el que fuera entonces portavoz del Gobierno local y portavoz municipal Antonio Saldaña. En 2014, la compañía Urbanos Amarillos presentó el concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla del que el administrador concursal ha presentado ya sus principales conclusiones y que ahora el fiscal ha considerado "culpable". 

Por ello, el Ministerio Público solicita que se condena de manera solidaria junto al Ayuntamiento, la empresa municipal Comujesa y dos funcionarios municipales, al pago de 4,1 millones de euros.