Según informó ayer el PP, este hecho “debe llevar al Gobierno español a plantearse un giro radical en las relaciones con la colonia británica y, si esta actuación cuenta con el apoyo del Foreign Office, también con el Reino Unido”.
Landaluce considera que el Gobierno de España “no puede permitir que una embarcación de la Guardia Civil sea expulsada de su propia casa y usando para ello la intimidación”, por lo que ha asegurado que pedirá en el Congreso de los Diputados “respuestas a varias preguntas” para esclarecer unos hechos que ha calificado como “muy graves, más aún si éstos no es la primera vez que ocurren”.
Desde las filas populares se critica que “pretenden echarnos de nuestra propia casa y lo hacen a punta de pistola”.
Por ello el diputado solicitará la comparecencia urgente de los responsables de Exteriores para que expliquen qué ha ocurrido y qué ha hecho hasta el momento el Ejecutivo sobre este asunto.
Según Landaluce, no se recordaba “una situación así desde la detención por las autoridades gibraltareñas de varios ciudadanos españoles que faenaban en aguas españolas próximas al peñón a bordo del pesquero Piraña, en enero de 1999”.
Órdenes estrictas
El dirigente popular hizo hincapié en el hecho de que una patrullera de la armada británica “no apunta con sus armas a una embarcación de la Guardia Civil de España salvo que haya recibido órdenes estrictas para así hacerlo”.
A este respecto, los populares llaman la atención acerca de las pretensiones del ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, y del líder británico Gordon Brown con este “acoso”.
Además, el diputado recordó que, durante esta misma semana, el ministro principal de Gibraltar mantuvo un encuentro en Madrid con responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores y, “a juzgar por las noticias que de este han trascendido, no se habló de esta nueva y preocupante afrenta a los intereses de España”.
De esta forma, Landaluce considera que “cabe también cuestionarse” el papel que está jugando el Gobierno socialista en las relaciones con Reino Unido y Gibraltar.
En esta línea, desde las filas populares se plantea incluso que “no sería descabellado plantear un giro radical en las relaciones, en tanto la cordura y la legalidad no se impongan”.
Una legalidad que pasa “única y exclusivamente”, según Landaluce, “por el reconocimiento por parte de las autoridades británicas de la jurisdicción española sobre las aguas que rodean al Peñón”.
