El derribo del muro lateral del Parque María Cristina continúa generando reacciones de rechazo entre las asociaciones en defensa del patrimonio.

La última en sumarse a la negativa a que continúen los trabajos de demolición ha sido la Coordinadora en Defensa del Patrimonio del Campo de Gibraltar (Codepa).

El portavoz de Codepa, Antonio Benítez, ha recordado como “el parque de María Cristina de Algeciras está incluido en el Catálogo del Patrimonio Arquitectónico Andaluz por lo que su protección es competencia exclusiva de la comunidad autónoma, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía”.

Además, la entidad subraya que “el artículo 38.1 de la Ley 14/2007, del Patrimonio Histórico Andaluz, establece que no procederá la demolición de inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
Podrán admitirse, excepcionalmente, demoliciones derivadas de la ejecución de proyectos de conservación, que exigirán la autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico”.

Benítez asegura que “el pasado día 15, alertado por uno de los miembros de Codepa, nos dirigimos telefónicamente a la Delegación Provincial de Cultura para informar de los hechos y confirmar que las obras de demolición del cerramiento del parque contaban con la autorización que exige el artículo 38.1. Ante la denuncia presentada, la Delegación Provincial de Cultura puso en conocimiento del portavoz de Codepa que, de inmediato, solicitaría la colaboración del arqueólogo municipal de Algeciras para  verificar la denuncia”.

Así, la entidad mantiene que “el día 16 la Delegación de Cultura informó que las obras iniciadas no contaban con autorización de la administración autonómica y que se había ordenado su paralización hasta tanto el Ayuntamiento no sometiese a la Comisión Provincial de Patrimonio la documentación relativa al proyecto”.

En cualquier caso, “es obvio que el proyecto que se ejecuta no es, en modo alguno, un proyecto de conservación único que, excepcionalmente, podría ser autorizado”. Por tanto, Codepa estudiará “plantear los recursos oportunos ante las jurisdicciones competentes contra cualquier decisión que, contraviniendo la legalidad vigente, autorice la demolición que se pretende”.