El Ayuntamiento aseguró ayer que tiene “muy clara cuál debe ser su posición” respecto a las ocupaciones ilegales de las viviendas del colegio Gloria Fuertes de Guadiaro, que se refrendó por unanimidad en el último Pleno ordinario de la Corporación, donde se aprobó el desahucio en un plazo de 48 horas. No obstante, el alcalde Fernando Palma mantuvo un encuentro con varias de las familias afectadas por el desahucio de las viviendas de los maestros, donde les informó sobre la situación actual del asunto.

En la reunión estuvieron, junto al primer edil, la concejal delegada de Asuntos Sociales, Rosa Macías; el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Manuel Melero; y el gerente de la empresa municipal de la vivienda, Emroque, Luis Crespo.

Según comentó el alcalde “también comprendemos las difíciles circunstancias familiares, y es nuestro deber hacer todo lo posible por encontrar soluciones. También les hemos asegurado a los afectados que este episodio de la ocupación no derivará en una discriminación negativa si son susceptibles de conseguir una vivienda de protección oficial aunque, eso sí, siempre según los cauces legales”.

Por su parte, el concejal de Educación, Ramón Ramírez, explicó que “el pasado viernes el Ayuntamiento remitió un escrito a los ocupantes de las viviendas para comunicarles el plazo que tienen para desocupar las casas.

Una vez recibamos noticias de que las familias han recibido el escrito, si estas no las desalojan en ese espacio de tiempo, comunicaremos al Juzgado que aún no han abandonado las viviendas, quien tendrá que resolver este contencioso y autorizar a los efectivos de la Guardia Civil y Policía Local para que, en un plazo de entre un mes y medio y dos meses, procedan al desalojo definitivo”.

“Esperamos que los ocupantes desalojen las viviendas de forma voluntaria y no haya que recurrir finalmente al desalojo forzoso”, manifestó Ramírez.