La Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Ángeles Ayuso, admitió a trámite esta semana la denuncia puesta por más de 60 perjudicados de Bankia en la provincia a través del despacho Abogados Ortiz. El objetivo de la denuncia era informar a la Fiscalía de  que a la hora de contratar las participaciones preferentes no fueron sometidos a ningún test de conveniencia, sino que la entidad bancaria “rellenaba unilateralmente” los recuadros con el ordenador, sin que el cliente tuviera ningún tipo de intervención.
La fiscal, Ángeles Ayuso, ha designado al teniente fiscal jefe Lorenzo Sacaluga para la investigación de este caso en que los perjudicados se cuentan por miles.
El despacho de abogados decidió ponerlo en conocimiento de la Fiscalía porque así lo indicó el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su Decreto 44/2012, en el que invitaba a los ciudadanos afectados a recurrir a los tribunales. La Comisión Nacional del Mercado de Valores también exigió que los test de conveniencia e idoneidad se hicieran “de puño y letra por el cliente”. 
El abogado José Luis Ortiz aseguró a Información  que se trata de una buena noticia, ya que el apoyo de la Fiscalía es fundamental para que las personas damnificadas puedan recuperar su dinero. Ortiz cree que se puede estar ante un delito masivo de falsedad en documento bancario mercantil o de estafa a inversores”.

modus operandi
El objetivo del letrado es demostrar que de esta manera Bankia no actuó de forma aislada y puntual “sino masivamente”, ya que la misma operación se repite en varias oficinas de la provincia. Es decir, “que los test han sido un paripé a los que no se les ha dado la utilidad que tienen que es informar exhaustivamente al cliente para que sepa el producto que está contratando. Estos test ponen de manifiesto que Bankia se ha cachondeado de la clientela y ha insultado su inteligencia”, expresa Ortiz. 
De comprobarse la información aportada por el bufete, la Fiscalía tendría a su disposición una herramienta de suma importancia para apoyar a los pequeños ahorradores que se han visto enredados en este escándalo financiero, y que se pueden contar por cientos de miles en el caso de Andalucía. Eso sí, siempre que los afectados utilicen la vía judicial y no el arbitraje.

vías para la solución
Los afectados por las preferentes o por la deuda subordinada de Bankia pueden solicitar el arbitraje para intentar recuperar su dinero hasta el 15 de julio. El plazo para los clientes de las otras dos entidades nacionalizadas es diferente: mientras que los de Catalunya Banc tienen hasta el 12 de julio, en Novagalicia Banco el plazo ya finalizó el pasado 14 de junio.
El proceso arbitral no paraliza el canje por acciones. En el caso de Bankia, cada ahorrador pierde, de media, el 40% de su inversión. En el caso de Catalunya Banc y Novagalicia Banco la pérdida no se sufrirá con el canje por acciones, sino que vendrá si el ahorrador pide al Fondo de Garantía de Depósitos canjear esas acciones por dinero: entonces sufrirá una quita adicional del 13,8% a las pérdidas ya establecidas con anterioridad para esos productos híbridos.
Los afectados que acudan al arbitraje deben saber que podrán recuperar todo el dinero invertido, pero si el laudo falla en su contra no pueden acudir a la justicia. Si se opta por la opción de ir a los tribunales, se puede conseguir la inversión -y puede que los intereses que la entidad prometió en su momento-, pero el proceso no es gratuito y es más lento. En este caso tampoco se paraliza el canje por acciones, que es automático.
Es importante saber que si se acepta el arbitraje ya no se puede reclamar por vía judicial, sea cual sea el resultado del mismo. Si finalmente da su visto bueno, deberá rubricar el convenio arbitral, el documento que recoge la cantidad máxima a devolver. Una vez firmada la aceptación, el expediente se remite a la Junta Nacional Arbitral, que es donde se tramitará el arbitraje y quien emitirá un laudo. Ese laudo es vinculante para las partes y no es recurrible por vía judicial.
En el caso de que el fallo sea contra el inversor, el banco aplicará la pérdidas por el proceso de la quita (en algunos casos puede rondan el 70% del dinero).
La ventaja de acudir a la justicia es que algunas sentencias han obligado al banco a pagar el total de la inversión y los intereses legales que se deberían haber percibido. Entre las desventajas, que hay que pagar las tasas judiciales  y que el proceso se puede prolongar en el tiempo.