Segundo día del juicio por el caso los asesores, y el plato fuerte, como ocurrió el lunes, llegó en la recta final de la vista con la declaración como testigo de la exalcaldesa socialista Pilar Sánchez, cuya denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción destapó el presunto escándalo. Los que un tiempo fueron socios de Gobierno en el Ayuntamiento no mediaron palabra ni cruzaron la mirada, excepto en el momento en el que ella, a petición de la juez, se giró cuando le preguntó si conocía a los imputados. Fue entonces cuando dijo que no sabía quién era Manuel Cobacho. Eran poco más de las dos y veinte de la tarde y la exregidora del PSOE estuvo declarando tres cuartos de hora. Empezó comedida, hablando bajo (la juez le pidió que elevara el tono para poder grabarla) pero a medida que avanzaba su comparecencia su tono fue más tajante y taxativo.
Nada más empezar su testimonio, negó ante la juez que tras el acuerdo de Pleno de 2005 al constituirse el nuevo Gobierno PSOE-PSA en el que fijaron las retribuciones y el número de asesores políticos, se produjeran reuniones y acuerdos posteriores entre los portavoces de ambas formaciones para aumentar el personal de confianza establecido en dicha sesión, como dijo Pacheco el lunes.
En este sentido, la actual directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, advirtió que “nadie” le informó de las contrataciones de José López y Manuel Cobacho, los dos expolíticos andalucistas que fueron contratados como asesores en el Ayuntamiento en las sociedades municipales Emusujesa y la ya desaparecida Xerez 21 Speed Festival, pese a ser presidenta de ambas empresas. Tal como detalló, decidieron “tirar del hilo” una vez que ya cesado Pedro Pacheco a finales de marzo de 2007, le llegaron a Alcaldía “documentos extraños” con órdenes de pago para López. “Vimos con absoluta claridad que eran pagos sin contraprestación de servicio alguno y sin ningún expediente de contratación”. “Tras hacer las averiguaciones necesarias”, continuó, y tener el “expediente completo” certificaron que “no se habían seguido los trámites de contratación en Emusujesa y Speed Festival que permitieran hacer pagos” y preguntando al personal de sendas sociedades “nadie supo dar respuesta de qué trabajo hacían”. A partir de ahí tuvo claro que “no iba a firmar nada” y se puso en contacto con los gerentes respectivos de estas sociedades para luego decidir dar parte a la Fiscalía.
Preguntada sobre la “legalidad” de dichas contrataciones, relató que “sólo los consejos de administración” de estas empresas municipales debían autorizar la firma de estos contratos previa resolución plenaria, trámite que no se dio en estos casos, y rechazó también que tras el mencionado Pleno del 18 de enero de 2005 hubiera nuevos acuerdos plenarios para este asunto. Sánchez fue tajante a la hora de referirse a una afirmación que previamente habían corroborado tanto los gerentes de Emusujesa y Speed Festival como los técnicos y el personal administrativo que elaboró los contratos. Estos últimos “no” se hicieron bajo los principios de “concurrencia” y “publicidad” que contempla la ley ya que “no fueron publicados” en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
También sacó las uñas cuando el letrado de la defensa cuestionó el papel de sus asesores (los del PSOE) y se despachó a gusto. “Cualquier asesor de mi Gobierno iba a su puesto de trabajo todos los días y actuaba como dicta la ley. Yo le podía decir qué trabajo tenían que hacer y dónde estaban en cada momento”.
En la vista de este martes también han declarado los dos gerentes que tuvo Emusujesa en la etapa de 2005-2007 en la que se realizaron las contrataciones, Miguel Ballesteros y José Enrique Agüera, que han coincidido en que estaban al tanto de la existencia de las contrataciones de los dos asesores imputados tras recibir "instrucciones" del entonces vicepresidente de la sociedad, Pedro Pacheco, de que a raíz del pacto de gobierno "había que contratarlos por Emusujesa".
Ballesteros ha explicado que "fueron los servicios técnicos de la empresa los que se ocuparon" de hacer las contrataciones, recalcando que Pacheco "tenía todos los poderes de la sociedad" y que a él "no le correspondía analizar" dichas contrataciones, puesto que su función "no es cuestionar acuerdos del vicepresidente --por Pacheco--, sino ejecutar las órdenes".
Tanto Ballesteros como Agüera han admitido que tales contratos "no pasaron por los consejos de administración" y que ambos "no" prestaban servicios a Emusujesa, sino que "eran asesores de Pacheco". Además, a juicio de Ballesteros, tampoco se tuvieron en cuenta "las normas" en estos casos.
Por su parte, Agüera ha llegado a definir la contratación de los asesores en el Ayuntamiento de Jerez como "un mundo abierto", ya que el trámite "no pasa por decisión técnica" a la hora de referirse a la "cuantía, la forma, el importe".
También ha declarado personal del departamento de administración de Emusujesa encargado de realizar los contratos, quienes han explicado que se limitaron a "obedecer al gerente". Asimismo, han insistido en que en tales contratos "no hubo publicidad ni competencia", tras considerar "imposible" haber pagado desde Emusujesa una factura "sin correspondiente justificante o antes de que se emitiese la orden de pago".
De igual manera, han advertido de que no existía una partida presupuestaria "concreta" para realizar estas contrataciones, por lo que mientras que en el caso de López --que era autónomo-- se tiró de una partida de "otros gastos de gestión corriente u gastos imprevistos", en el de Cobacho sí se consideró como "coste de personal".
La vista se reanudará este miércoles en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz con nuevas pruebas testificales, entre ellas la exsecretaria de Pedro Pacheco.
