Está prevista la supresión de 25 de las 129 terminales de telefonía móvil repartidas entre el personal del Ayuntamiento, las cuales hasta el momento acumulan facturas impagadas a distintas compañías. En el caso de Vodafone, desde el año 2008 se le adeudan 186.820 euros; y Telefónica, actual concesionaria del servicio, tiene pendiente el pago de cantidad de 547.357 euros por parte del Consistorio algecireño, con facturas pendientes de 2006.
Además de la anulación de las mencionadas líneas, la segunda medida que llevará a cabo el equipo de gobierno consistirá en la restricción de llamadas dependiendo de la labor que realice cada persona responsable del teléfono.
“En este sentido, habrá terminales a las que sólo se le permita operar en horario de trabajo o sólo realizar llamadas a números corporativos”, ha explicado Pajares, quien resalta que “esta medida ahorrará al Ayuntamiento miles de euros cada mes. Desde el equipo de gobierno no vamos a permitir que del bolsillo de los algecireños, muchos de ellos en paro y pagando religiosamente sus impuestos, se tenga que pagar un uso irregular de los teléfonos”.
Eva Pajares concluye afirmando que estas medidas “se adoptarán de forma inmediata y no se han tomado, en ningún caso, por desconfianza hacia los responsables de los teléfonos, pero sí a raíz de detectar un uso excesivo en algunas delegaciones que han llegado a tener un gasto mensual de 3.000 euros. En cualquier caso, si se demostrase que la utilización del teléfono ha sido irregular se procederá a abrir expediente y adoptar las medidas legales oportunas”.
La responsable de Contratación ha puesto como ejemplo del importante gasto generado que desde mediados de mayo hasta mediados de junio se contabilizaron más de 20.000 euros en facturas de telefonía móvil.
