En mayo del pasado año, también a petición de Landaluce, durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente y Agricultura y Pesca del Congreso de los Diputados, el Secretario de Estado de Medio Rural y Agua Josep Puxeu, dijo que el ministerio prevé avanzar en la resolución de este proyecto de ley para satisfacer las necesidades de protección de la Bahía, llegando incluso a señalar que la complejidad de la zona dificulta la definición en la adjudicación de los espacios de interés comunitario y ha añadido que es importante que la protección pase de comprender las 5.500 hectáreas previstas inicialmente a más de 23.600.
El responsable ministerial recordó entonces que el departamento que dirige Elena Espinosa, realiza una serie de actuaciones dirigidas al cuidado de la Bahía de Algeciras, zona que según ha dicho, soporta por sus circunstancias geográficas el tráfico marítimo y tantas otras incidencias, una gran presión.
Hasta el momento, explica Landaluce, no se ha llevado a cabo estudio alguno, lo que contrasta con la noticia aparecida en el día de ayer en los medios de comunicación, en la que la Secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, que el Ministerio prevé tener para el verano una evaluación preliminar de los impactos y presiones de cada una de las demarcaciones marinas españolas, entre ellas las del litoral andaluz, además de una propuesta estratégica y metodológica sobre la fase de evaluación inicial del estado del medio marino.
Durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, Ribera ha descrito así la hoja de ruta prevista, que aspira a tener disponible para el próximo mes de mayo la descripción general de las características de las cinco demarcaciones marítimas, entre ellas de del Estrecho y Alborán, donde esperemos se incluya la Bahía.
Landaluce concluye haciendo un llamamiento a la seriedad y al compromiso y que dentro de estas previsiones, se lleve a cabo un estudio pormenorizado del estado de las aguas de la Bahía de Algeciras y sus fondos, en cumplimiento de los compromisos adoptados en sede parlamentaria.
