El Ayuntamiento ha remitido una carta al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, para plantearle las dificultades económicas y financieras a las que se enfrenta la institución municipal, como otras muchas de Andalucía y España, así como la imposibilidad de realizar los pagos necesarios a las compañías suministradoras de electricidad, encontrándose en un permanente riesgo de suspensión del suministro a servicios fundamentales que las entidades locales prestan a los ciudadanos.

En dicho escrito, el Ayuntamiento especifica que aunque el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, contempla en su artículo 89 la imposibilidad de suspender el suministro, por impago, a las administraciones públicas cuando resulten afectados servicios declarados esenciales, el párrafo segundo del citado precepto relaciona detalladamente cuáles son esos servicios esenciales y, en ninguno de ellos, se encuentra ninguna referencia a los servicios sociales comunitarios o especializados que se prestan por parte de las entidades locales.

Destaca que el Real Decreto 1955/2000 es anterior al reconocimiento efectuado por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, sobre el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía y la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, en cuyas prestaciones la propia ley y el ulterior desarrollo autonómico atribuyen competencias y funciones a las entidades locales, que éstas prestan a través de los servicios sociales comunitarios o especializados. De igual forma, se plantea el Considerando 27 de la directiva 2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión, de 12 de diciembre de 2006, en el que se estipula que los servicios sociales son esenciales para garantizar los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la integridad, siendo una manifestación de los principios de cohesión social y solidaridad.

En consecuencia, y con el objetivo de evitar la suspensión del suministro eléctrico, a consecuencia de las dificultades de pago que por la crisis económica padecen las administraciones locales, el Ayuntamiento linense con el fin de evitar que se dificulte el derecho subjetivo de ciudadanía y la prestación de los servicios sociales que, por directiva del Parlamento Europeo y el Consejo han sido reconocidos como esenciales, solicita del Gobierno de la Nación que, a través de su Ministerio de Industria, Turismo y Comercio modifique el artículo 89 del Real decreto 1955/2000 y que contemple como esenciales la inclusión de los siguientes servicios: Centros de Servicios Sociales Comunitarios y Centros de Servicios Sociales Especializados destinados a la atención de los niños y el apoyo de las famílias y personas necesitadas, a las necesidades de alojamiento alternativo y vivienda y, en general, los centros y servicios destinados a garantizar el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía y atención a la dependencia; albergues para transeúntes, marginados o personas sin techo o sin hogar en situación de exclusión social; comedores sociales; Centros de Encuentro y Acogida para personas drogodependientes; Comunidades terapeúticas para el tratamiento de drogodependencias y adicciones; Viviendas tuteladas para personas mayores y menores; Centros de información a la mujer y casas de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género; Casas de la Juventud y servicios destinados a la búsqueda y formación para el empleo.

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción se dirigirá igualmente a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por si consideran conveniente adherirse a esta iniciativa.