Estudia reclamaciones por el retraso en la aprobación y el
recurso de los programas individuales de atención (PIA), que la Junta niega
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, está investigando las quejas individuales que le han llegado por la demora en la determinación del recurso y aprobación del PIA (Programa Individual de Atención) de las personas afectadas por la Dependencia.
A través de un escrito remitido a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Jaén, Maeztu indica que “la práctica inusual conduce a la renuncia anticipada por el interesado al recurso que eventualmente hubiera de ser propuesto por los servicios sociales comunitariosen su expediente de queja, sin que dicha renuncia parezca producto de una decisión voluntaria y debidamente informada de la persona interesada, sino más bien un acto espontáneo inducido y facilitado por un defectuoso asesoramiento, cuyas consecuencias privan al interesado de todo un derecho”. De hecho, se añade que “en todos los casos, las personas afectadas explican que han firmado el documento de renuncia por indicación del trabajador o trabajadora social encargada de elaborar la propuesta de PIA, así como que el escrito de desistimiento les fue facilitado por dicha persona y no fue producto de su iniciativa ni de su confección”. Además, Maeztu explica la reacción de sorpresa de la s personas afectadas al recib ir la notificación de archivo del expediente “y descubrir que éste ha concluido sin derecho a recurso alguno, evidenciando que los interesados desconocían las consecuencias reales del desestimiento cuyo documento suscribieron y creyeron erróneamente que con él solo renunciaban al recurso concreto y no que rehusaban todo recurso posible”.
La Oficina del Defensor pide que se emita un informe sobre “si la Delegación de Igualdad se han dirigido instrucciones al respecto a los servicios sociales comunitarios”. En fuentes de la Consejería se indicó ayer que “no existe ningún tipo de instrucción por parte de la Agencia de la Dependencia para que los afectados firmen los desestimientos”. Se trata, en todo caso, de una queja que el Defensor ha elevado a delegaciones de otras provincias andaluzas.