Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado han entregado un nuevo informe a la juez que investiga el caso de los ERE irregulares en el que concluyen que la Junta de Andalucía concedió ayudas a 14 empresas --entre ellas Fertiberia y Astilleros de Huelva-- "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", entre otras supuestas irregularidades.
En este octavo informe adicional elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, los peritos de la Intervención del Estado analizan las ayudas concedidas a Astilleros de Huelva, Fertiberia, Abantia Ticsa, Instalaciones Industriales y Navales de Huelva, Nueva Lima, Centro para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre), Germans, Bonput y Industrias del Guadalquivir.
Los peritos, igualmente, analizan en este informe de 203 folios y 9 tomos de anexo documental las ayudas dadas a La Instaladora Moderna Electricidad, Martínez Barragán, Sociedad Cooperativa Andaluza Industrial de Confección (Scoinc), Tendencias Ferrera y Grupo Tragsa.
En relación a Astilleros de Huelva, los peritos señalan que se le han concedido ayudas por importe de al menos 10.779.639,29 euros, de los que 2,9 millones se corresponden con la financiación parcial del plan de jubilación de los trabajadores afectados por el ERE de 2005, mientras que 2,8 millones se refieren a siete ayudas concedidas a la empresa en 2010 "sin que conste para las mismas un objeto definido".
Los restantes cinco millones para la empresa, constituida el 25 de octubre de 1965 para la construcción y montaje de buques, son de una ayuda de 2011 para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del despido colectivo autorizado judicialmente por auto de 23 de noviembre de 2010 del Juzgado Mercantil de Huelva.
No obstante, los peritos dicen en este informe consultado por Europa Press que esta última subvención, concedida mediante resolución del consejero de Empleo de fecha 17 de noviembre de 2011 y autorizada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de noviembre de 2011, "fue tramitada utilizando el procedimiento legalmente establecido".
Los peritos critican en el informe que la documentación obrante en el expediente "es incompleta, fragmentaria y no posee orden cronológico o sistemático alguno, careciendo del mínimo rigor exigible en la gestión de fondos públicos".
"NULIDAD DE PLENO DERECHO"
En relación a las dos primeras ayudas referidas, de 2,9 y 2,8 millones, los peritos ponen de manifiesto que en la concesión de las subvenciones "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, lo que pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho", a lo que se suma que la Consejería de Empleo habría concedido las ayudas "con cargo a un concepto presupuestario inadecuado".
Además, y según indican los peritos de la Intervención, la concesión de las ayudas "ha sido realizada por el titular de la Dirección General de Trabajo sin competencia legal para ello", mientras que "no se han publicado por la Junta ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvenciones concedidas" por Empleo y "no consta la existencia de ninguna norma dictada por la Junta en la que se publiciten estas ayudas y se establezcan los criterios de selección de los beneficiarios".
Por ello, "los sistemas utilizados por la Consejería de Empleo para determinar tanto la empresa elegida como los importes a financiar son totalmente discrecionales", dicen los peritos, que también resaltan que las ayudas "no podrían tener carácter excepcional, dado que han sido concedidas por la Junta ayudas similares de forma habitual y reiterada durante un largo periodo de más de diez años".
BENEFICIARIOS QUE NO ESTABAN EN EL ERE
De igual modo, "no consta solicitud formal de las ayudas por parte" de los beneficiarios; la concesión de las subvenciones "no fueron sometidas por la Consejería de Empleo a fiscalización previa".
Los peritos dicen que, en relación con la póliza de seguro suscrita en 2006 con Vitalicio Seguros para el abono de prejubilaciones "figuran como beneficiarios dos personas que no están incluidas" en el ERE de 2005, mientras que en una segunda póliza de 2008 fueron incluidas otras tres personas que tampoco "se encuentran en el listado de trabajadores afectados por el ERE".
A todo ello se suma que "no existe constancia en el expediente de que por parte de la Consejería de Empleo se realizara ningún seguimiento de la aplicación de las ayudas concedidas".
En relación a Fertiberia, los peritos dicen que las ayudas analizadas alcanzan los 9.765.666,58 euros, de los que 1,9 millones se corresponden con una ayuda concedida en 2004 para el pago de las indemnizaciones por despido de 12 trabajadores mayores de 52 años afectados por el ERE de 2003 y 317.735 euros se concedieron en 2008 para el pago de una póliza suscrita para dos trabajadores afectados por el ERE.
En 2010, asimismo, le fue concedida una ayuda de 7,5 millones para el pago del plan de jubilación de 159 trabajadores afectados por el ERE de 2009, "no constando pago alguno de esta ayuda", dicen los interventores, que llegan a las mismas conclusiones que en el caso de Astilleros de Huelva, ya que en la concesión de estas subvenciones "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", lo que "pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho".
Además, aseveran que en la subvención concedida por importe de 7,5 millones de euros "no consta la preceptiva autorización del Consejo de Gobierno de la Junta para conceder subvenciones por importe superior a 3.005.060,52 euros", mientras que tampoco "consta la preceptiva autorización por el Consejo Rector del IFA-IDEA de los compromisos de pago superiores a 450.000 euros".
En el informe elevado al Juzgado, los peritos analizan también las irregularidades en la ayuda de 450.000 euros a Abantia Ticsa; de 354.995,65 euros a Instalaciones Industriales y Navales de Huelva; de 349.083,78 euros a Nueva Lima; de 180.000 euros a Cenforpre; de 1,4 millones a Germans; de 13,9 millones a Bonpunt, y de 6,3 millones a Industrias del Guadalquivir.
Asimismo, los peritos analizan las ayudas de un millón a La Instaladora Moderna Electricidad; de 1,1 millones a Martínez Barragán; de 405.916,23 euros a la Sociedad Cooperativa Andaluza Industrial de Confección; de 369.995,51 euros a Tendencias Ferrera, y de 1,9 millones a Grupo Tragsa.
