Todos somos iguales ante la ley y todos tenemos derecho al mismo trato por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, esta premisa no se estaría cumpliendo a raja tabla por parte de la Guardia Civil de Huelva, según ha denunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo, cargo que ostenta Soledad Jiménez Becerril, por “una actuación discriminatoria de un organismo público”.
En la queja, a la que ha tenido acceso Viva Huelva y que fue registrada por el Defensor del Pueblo el pasado 6 de mayo -aún está pendiente de admisión a trámite-, la AUGC señala al teniente coronel jefe de operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva como responsable de una norma que entienden que supone un “trato de favor” hacia la cadena Mercadona en detrimento del resto de superficies comerciales y ciudadanos.
La queja viene motivada por el relato de los propios agentes, pues “desde hace algún tiempo estamos recibiendo en esta asociación, por parte de de nuestros asociados en distintos puestos, noticias sobre la obligación de presentarse en los supermercados a fin de recoger las denuncias que presentan los vigilantes de seguridad o los trabajadores, por los hurtos que se producen en dichos establecimientos”, explica la AUGC.
La norma de la polémica, enviada en noviembre del pasado año por correo electrónico a todas las unidades que tienen en su demarcación establecimientos de esta cadena, se denomina ‘Procedimiento de actuación en relación a hechos delictivos de escasa entidad cometidos en superficies comerciales de Mercadona’.
En la misma, se especifica que, en caso de que se sorprenda en algún supermercado de esta cadena a una persona cometiendo un hecho delictivo y no acceda voluntariamente a identificarse ni a entregar los efectos supuestamente sustraídos, los agentes deben acudir al establecimiento para su identificación. Hasta ahí todo normal. La clave está en que se indica que la patrulla desplazada recoja la denuncia suscrita por el representante de la empresa, realice una diligencia de recepción de la denuncia, dándole número a las diligencias y entregándole copia al denunciante; confeccione en la superficie comercial el acta de información de derechos al perjudicado, y si fuera posible, confeccione y entregue la correspondiente cédula de citación por juicio rápido de faltas al denunciante en calidad de representante de la empresa.
Es decir, realizar labores burocráticas que en caso del resto de supermercados y de la ciudadanía en general “se realizan en el cuartel, con personal que ejerce las labores de instrucción de diligencias, destinados en el área de atención al ciudadano y no en seguridad ciudadana”.
Es por ello que la AUGC entiende que se está produciendo un “trato de favor”.
En detrimento de la seguridad ciudadana
Además, este trato tiene otro inconveniente más importante, y es que “las quejas de nuestros compañeros van encaminadas a que en algunas ocasiones no pueden atender otras incidencias más importantes al estar haciendo todas estas gestiones, otras veces no es una vez, sino varias las que tienen que trasladarse durante el servicio a estos establecimientos, por lo que prácticamente no realizan patrullas de seguridad ciudadana sino de atención a Mercadona, con toda la burocracia, cuando existen guardias civiles dedicados a la instrucción de diligencias”, sentencia la AUGC.
