La secretaria de Política Institucional del PSOE de Huelva, María José Rodríguez, ha destacado, tras conocerse los datos de la evolución de la deuda viva de los municipios de todo el país, que la deuda de los ayuntamientos del PP supone el 64% del conjunto de la deuda en la provincia y los del PSOE supone un 25%. Así, la también diputada nacional señaló que de los gobernados por el PSOE, 24 municipios sobre un total de 48, han disminuido o mantenido su nivel de endeudamiento de 2011 a 2012. Y de los gobernados por el PP, en cambio, sólo 3, de un total de 15 han reducido su deuda. “Es decir, un 50% frente a un 20%, lo que denota un esfuerzo mucho mayor de los alcaldes del PSOE en la gestión de sus ayuntamientos”.
Además, “si a esto añadimos que el incremento medio de la deuda de los ayuntamientos del PP es de un 101% sobre el total de la misma, comprobamos cómo en muchos municipios gobernados por el PP, la deuda de sus ayuntamientos se ha duplicado en un año, como ha sido por ejemplo los de Cortegana, Gibraleón, Lepe o Santa Olalla”. Por tanto, “estos municipios han experimentado un incremento, como mínimo del 100% y en algunos se ha multiplicado por 3 o 4 veces”. Para María José Rodríguez, “ésta es sólo una cara de la moneda que refleja una peor gestión económica y que desmonta, por completo, la falsa imagen de la eficiencia y la mejor gestión en lo económico, por parte del PP. La otra cara es que este mayor incremento de la deuda en los municipios gobernados por el PP no sólo no va acompañado de una ampliación de derechos o una mejora de la calidad de los servicios públicos municipales, sino que, además, se han acentuado los recortes y el cierre de servicios municipales cuando no, la privatización de los mismos, con un encarecimiento claro en su coste que asumen los vecinos mediante el incremento de tasas y precios públicos”.
Un claro ejemplo, -refirió la dirigente socialista- es el Ayuntamiento de Huelva que “ha agotado incluso su margen de subir nuevos impuestos municipales pero donde, cada vez más, se percibe un desgobierno y un desmembramiento de la estructura local de servicios y prestaciones a los vecinos”.
Por tanto, “ni mejor gestión ni más eficiente, sino más deuda pese a tener menos servicios que también desmonta el argumento de la deuda recibida como excusa”.
Reforma local
Pero a todo esto se suma – incidió María José Rodríguez- para el ámbito local, pese a no ser el responsable del déficit del Estado y mucho menos los municipios pequeños, “una contrarreforma que es una vuelta al pasado y un retroceso que, justificándose en la crisis, pretende desmontar el primer escalón de nuestra democracia, anular la capacidad y autonomía local y desatender a la población de los municipios pequeños interviniendo y privatizando sus servicios”. “No se clarifican competencias, no se evitan duplicidades, no se simplifica la estructura administrativa. El Gobierno inició esta reforma bajo el falso pretexto del ahorro criminalizando a alcaldes y concejales de cobrar mucho dinero cuando no sabía ni el coste real de lo que se cobraba por provincias”, apostilló. Por tanto, “esta ley abre de par en par y con alfombra roja las puertas de los ayuntamientos al sector privado para hacerse con la gestión de los servicios públicos. Esta ley responde a los intereses de algunos representantes del negocio privado. Además, el gran perjudicado es el mundo rural porque se pone en peligro la cohesión social y la vertebración territorial”. Por esta razón, el Grupo Parlamentario socialista presentó una enmienda a la totalidad para oponerse a esta ley y presentará un recurso de inconstitucionalidad a la misma.
